La Audiencia Provincial de Cáceres juzga este martes a 32 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al cultivo de marihuana, tráfico de cocaína y blanqueo de capitales. La Fiscalía solicita para los cabecillas penas que suman 15 años de cárcel y sanciones económicas que oscilan entre 35.000 euros y un millón. La mayoría han aceptado un acuerdo de conformidad que les ha rebajado la petición de pena de cárcel. Otros trece irán a la vista oral de un juicio con fecha por determinar.
Cerca de veinte de los acusados se han declarado culpables ante el Tribunal y aceptado el Acuerdo de Conformidad propuesto por el Ministerio Fiscal que recoge el atenuante de dilación indebida del juicio y rebaja sustancialmente las penas para los diferentes delitos como tráfico de drogas que se ha fijado en dos años de prisión o en 8 meses el delito de pertenencia a la banda criminal. Algo que permitirá que sus letrados pidan la suspensión de la pena.
Los trece acusados que no han aceptado el acuerdo de conformidad volverán a sentarse en el banquillo en la vista oral del juicio con fecha por determinar y donde el Ministerio Fiscal mantiene la petición de penas que van desde los 15 años de cárcel a cuatro por presuntamente cometer delitos de narcotráfico, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capital o tenencia ilícita de armas. La red juzgada operaba a través de varios pisos, tanto en Cáceres como en localidades cercanas, donde cultivaba marihuana para su venta y también traficaba con cocaína.
Calificaciones previas
Según el escrito de acusación, la red funcionó entre 2020 y 2021 en Cáceres y localidades cercanas, manteniendo una estructura estable con reparto de funciones para la obtención, distribución y venta de drogas. Además de marihuana y hachís, también comercializaban cocaína.
Para ocultar su actividad, utilizaban documentación falsa para alquilar viviendas donde instalaban plantaciones ‘indoor’, conectadas ilegalmente a la red eléctrica para alimentar sistemas de iluminación y climatización.
La investigación revela que la organización se apoyaba en recursos de una empresa de ingeniería local, cuyos vehículos y finca se empleaban para almacenar material vinculado al cultivo. Incluso realizaban búsquedas de inmuebles para ampliar la red de narcopisos.
Desmantelamiento de la trama
La intervención determinante tuvo lugar el 27 de enero de 2021, cuando la policía llevó a cabo registros en varias casas. En ellas se hallaron armas de fuego (pistolas, rifles y escopetas con números de serie borrados), grandes cantidades de droga y dinero en efectivo. En una vivienda se localizaron más de 150.000 euros ocultos bajo colchones y electrodomésticos. Las escuchas telefónicas confirmaron la actividad de compraventa de estupefacientes y el consumo entre los implicados.
El blanqueo de capitales es otro de los delitos que se les atribuye. Pese a carecer de ingresos legales, los acusados poseían vehículos de alta gama y realizaban movimientos de dinero sin justificar. Uno de los líderes habría introducido más de 612.000 euros procedentes del narcotráfico, mientras que otro matrimonio afloró cerca de 390.000 euros vinculados a una actividad comercial no acreditada.
