El Consejo de Ministros ha autorizado a la empresa pública Enresa para licitar el primer gran contrato de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Este contrato, valorado en 28 millones de euros, está destinado a la contratación de los estudios de ingeniería que diseñarán el cierre de los dos reactores de la planta. Se trata de un paso clave en el cumplimiento del calendario de cierre marcado por el Gobierno, que prevé el cese de actividad de Almaraz I en 2027 y de Almaraz II en 2028.
Reacciones
La Junta de Extremadura ha expresado su decepción ante esta decisión. La portavoz del Gobierno regional, Victoria Bazaga, ha declarado que "Extremadura merece oportunidades y no desmantelamientos", en referencia al inicio del proceso de cierre de la central. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha enmarcado esta decisión dentro de la normalidad administrativa y ha señalado que, mientras las compañías propietarias de Almaraz no soliciten una prórroga, el Gobierno solo puede prepararse para el cierre, previsto para el último trimestre de 2027.
No obstante, existe un diálogo abierto entre el Gobierno y las empresas propietarias de la central (Iberdrola, Naturgy y Endesa) para evaluar la posibilidad de ampliar la vida útil de la planta. Está prevista una reunión decisiva el próximo 20 de mayo entre las tres compañías para decidir si solicitan la prórroga de Almaraz.
Impacto del cierre
El cierre de la central nuclear de Almaraz tendrá un impacto significativo en el empleo de la región. La planta ha sido una fuente importante de trabajo para la comarca del Campo Arañuelo, y su desmantelamiento plantea desafíos económicos para la zona. Sin embargo, también se abren oportunidades para desarrollar iniciativas laborales alternativas y proyectos de transformación económica que impulsen el desarrollo sostenible del territorio.
El proceso de desmantelamiento de Almaraz se enmarca en el plan del Gobierno para cerrar progresivamente las centrales nucleares en España, con el objetivo de culminar este proceso en 2035. Este plan ha generado tensiones entre el Ejecutivo y las empresas eléctricas, que argumentan que las condiciones económicas actuales dificultan la viabilidad de mantener las centrales operativas. A pesar de ello, el Gobierno mantiene su compromiso con la transición energética y el cierre ordenado de las plantas nucleares.
