Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra de visita en Extremadura, estaba citado a declarar este lunes como investigado por fraude fiscal y falsedad documental. Sus abogados han solicitado un aplazamiento de la declaración, pero la jueza lo ha denegado. Ante esta situación, González Amador ha optado por acogerse a su derecho a no declarar. Los letrados habían pedido que se aplazara hasta que la Audiencia de Madrid resolviera sobre su recurso contra la decisión de la jueza de ampliar la investigación a más posibles delitos.
González Amador está siendo investigado por varios delitos fiscales y falsedad documental
González Amador está siendo investigado por delitos fiscales y falsedad documental en relación con sus declaraciones del impuesto de sociedades en 2020 y 2021. A través de su empresa, Maxwell Cremona, actuó como intermediario en la compra y venta de material sanitario entre empresas extranjeras y españolas, incluyendo administraciones públicas como la Comunidad de Madrid. Obtuvo una comisión de dos millones de euros por estas transacciones y, según la Agencia Tributaria, habría defraudado 350.000 euros mediante un complejo esquema de evasión fiscal, lo que llevó a la Fiscalía a presentar una denuncia en su contra. El juzgado ha abierto diligencias contra él y otras cuatro personas.
Su abogado reconoció dos delitos contra la Hacienda Pública
El abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció dos delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. Una confesión para evitar juicio, aceptando 8 meses de prisión (cuatro por cada delito) y pagar 520.000 euros, que incluyen la cuota defraudada, intereses y una sanción. Pese a llevar casi un año de proceso judicial, la declaración de González Amador se ha aplazado cuatro veces.
¿Qué tiene que ver el caso del fiscal general?
El 12 de marzo se filtró a la prensa el expediente tributario de González Amador. Al día siguiente, el jefe de gabinete de Ayuso intentó controlar el impacto mediático difundiendo una versión incompleta de la cadena de correos. Posteriormente, la Fiscalía publicó una nota de prensa con el contenido de los correos, lo que llevó a González Amador a denunciar por revelación de secretos. La investigación llegó al Tribunal Supremo al sospecharse que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, pudo estar involucrado en la filtración.
