El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra la ley que establece el reparto del impuesto a la banca. En su recurso, el gobierno regional considera que la distribución de los 1.700 millones de euros recaudados a través de este impuesto perjudica a las regiones más desfavorecidas, como Extremadura, y beneficia a las comunidades autónomas más ricas, en particular a Cataluña.
"Ninguna desigualdad más"
Según la Junta de Extremadura, el sistema de distribución de los fondos es discriminatorio y no respeta los principios de igualdad, justicia y progresividad que deben regir la asignación de recursos entre las autonomías. La ley establece que los ingresos generados por el nuevo impuesto se distribuyan en función de los ingresos fiscales y de la población, lo que, según la Junta, favorece a las regiones más prósperas en detrimento de las que tienen menos recursos. En este sentido, el gobierno extremeño argumenta que el modelo de reparto no tiene en cuenta las necesidades específicas de las comunidades menos desarrolladas, lo que agrava las desigualdades regionales. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado en varias ocasiones su desacuerdo con este reparto y ha calificado la medida de "injusta y perjudicial" para la región.
María Guardiola, considera que "sin precedentes y sin justificación, el Gobierno utiliza el PIB para repartir un impuesto". El resultado es de 346 millones de euros para Cataluña y, en contraposición, Extremadura recibe 30 millones. Por ello, la presidenta de la Junta ha asegurado a los extremeños que "pueden estar seguros de que este gobierno no va a tolerar ninguna desigualdad más", y ha vuelto a recalcar que quieren "justicia fiscal".
