El Gobierno de Pedro Sánchez estaría negociando un acuerdo con Junts y Esquerra Republicana para conceder a Catalunya una singularidad energética. El pacto, aún en fase de redacción según aparece publicado en diferentes medios, contempla el control y posible prórroga de las tres centrales nucleares catalanas, Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, que generan cerca del 60% del consumo eléctrico de la comunidad.
Fuentes cercanas a Junts y ERC afirman que ya existe un compromiso verbal por parte del presidente, y se trabaja en un documento similar al del pacto fiscal singular, que deberá ser debatido en el Congreso.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado en la red social X: “El colmo del sectarismo. Sánchez negocia la continuidad de la energía nuclear en Cataluña, pero a Extremadura nos condena al cierre. La primera central cuya vida debe prorrogarse es Almaraz. Ya está bien de desprecios y humillaciones a una tierra que tiene todo el derecho a crecer.”
Reacciones desde los partidos políticos en Extremadura
José Ángel Sánchez Juliá, del Partido Popular, ha calificado la medida como “un nuevo ataque a Extremadura” si no se contempla también la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz. “Nuestro sistema energético no se lo puede permitir”, ha afirmado, señalando que se está jugando con el sustento de 3.000 familias “por siete votos”. Ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez y ha instado al PSOE de Extremadura a pronunciarse sobre si permitirá el cierre de Almaraz “para privilegiar las centrales nucleares en Catalunya”.
Desde el PSOE, Juan Ramón Ferreira ha recordado que son las empresas propietarias de la central quienes deben solicitar oficialmente su continuidad. El Gobierno central, ha dicho, está dispuesto a estudiar esa ampliación “con condiciones”, si se presenta una petición formal. Los socialistas han subrayado que no permitirán que la gestión de los residuos nucleares recaiga sobre Extremadura: “La basura nuclear debe ser costeada por quienes explotan y se benefician de la central”.
El PSOE defiende la continuidad de Almaraz y urge a las eléctricas a solicitar la prórroga para garantizar la actividad en la comarca del Campo Arañuelo. También ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que impulse las industrias alternativas previstas para la zona, “ya que no se ven avances”.
Por su parte, Álvaro Sánchez-Ocaña, de Vox, ha criticado duramente la propuesta, afirmando que “se van a desmantelar todas las nucleares de España, menos las de Catalunya”. Acusa al Gobierno de actuar por “ideología pura y dura” y de estar dispuesto a todo por mantenerse en el poder. Vox exige a la Junta medidas concretas, como la eliminación de la tasa Enresa o la Ecotasa a las centrales nucleares.
Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la política energética dependa de los apoyos parlamentarios del presidente. “Sería un fracaso absoluto y haría de España un país aún más desequilibrado”, ha afirmado. De Miguel defiende que la política energética debe ser común para todo el país y, en caso contrario, Extremadura debería poder decidir sobre los impuestos de sus plantas fotovoltaicas, presas hidroeléctricas y centrales nucleares. “Ya está bien de que tributen fuera mientras generan riqueza aquí”, ha concluido.
