Parte del transporte escolar estaría en el aire, ya que algunas empresas que firmaron el acuerdo marco no se han presentado a la licitación de determinadas rutas. Esta situación pondría en peligro 240 rutas, afectando a unos 7.000 alumnos.
Esa decisión ha llevado a la Junta a presentar ayer una denuncia ante los juzgados de Mérida, en la que se solicita como medida cautelar la prestación de un servicio esencial, "tras el acuerdo asumido en un acuerdo marco".
"Suscribimos el acuerdo y ahora no se presentan a las licitaciones."
Se trata de un acuerdo firmado en 2024 que contempla, respecto al año anterior, un aumento de 16 millones de euros, "de media con un incremento del 20 por ciento en algunas rutas, llegando en otras al 50 por ciento"
Según ha destacado la consejera portavoz, Elena Manzano: "Suscribimos el acuerdo y ahora no se presentan a las licitaciones."
Desde la Junta aseguran que desconocen el motivo por el que no se han presentado, manifestando que se trata de "un grupo minoritario de empresas".
La denuncia se presenta en defensa de "un servicio fundamental como es el transporte escolar". "Vamos a utilizar todos los argumentos jurídicos, legales que tenemos a nuestra disposición para garantizarlo", asegura Manzano, añadiendo que desde la Consejería de Educación se ha "hecho todo lo posible" para evitar esta situación.
