El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha reiterado el "compromiso firme" de la Junta con el servicio de ayuda a domicilio, sobre el que ha defendido que "en todo momento ha estado garantizado" y únicamente ha cambiado este año el modelo de financiación a los ayuntamientos para cumplir con la legislación vigente.
Bautista ha comparecido este jueves ante el Pleno de la Asamblea, a petición del PSOE, que en palabras de la diputada Maricruz Buendía, le ha acusado de planear la privatización del servicio. "Se les ha visto el plumero", ha señalado, para añadir que "su interés final es dejar de prestarlo y privatizarlo".
La diputada socialista ha reprochado el "cúmulo de errores" que ha cometido el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) a propósito del cambio de modelo introducido este año, que ha pasado de un sistema de subvenciones a un programa de colaboración económico municipal (PCEM).
Una cambio que ha generado "controversia, desencuentros y una grave situación" para los ayuntamientos, los trabajadores del servicio y los usuarios, porque los alcaldes no han contado con un "documento oficial que sirviera de compromiso de pago" que respaldara la prestación del mismo.
Sin embargo, Bautista ha defendido que en dos reuniones en noviembre se trasladó a los alcaldes el cambio de modelo, y en una carta igual a la utilizada en años anteriores con el gobierno socialista, se les informaba incluso de las cuantías que les correspondían para la prestación del servicio con cargo al nuevo programa de colaboración económico municipal creado para tal fin.
Un nuevo modelo para corregir las advertencias de la propia intervención de la Junta sobre el sistema que se había venido utilizando hasta la fecha mediante subvenciones directas y nominativas, lo cual era "ilegal", según ha apuntado el diputado del Grupo Popular Hipólito Pacheco.
Por todo ello, Bautista ha calificado la polémica suscitada en las últimas semanas sobre este asunto como el "penúltimo juego de artificio" de los socialistas, un "circo" y una "pantomima", en el que "han utilizado el miedo de personas vulnerables" para ganar "un minuto de televisión".
Asimismo, ha señalado que "no tendría la conciencia tranquila" si por un interés partidista, hubiera dejado a 106 beneficiarios y a sus familias "en la estacada", en concreto a los usuarios de las localidades de Guareña y Villanueva del Fresno, ambas gobernadas por el PSOE, que no cuentan con el servicio desde el pasado 1 de enero porque sus alcaldes "no quieren hacerlo", ha dicho, pues el resto de municipios, más de veinte y de todos los signos políticos, lo están prestando "sin ningún tipo de problema".
"En Guareña y Villanueva del Fresno no es que hayan peligrado, es que directamente se han pisoteado los derechos a cambio de una expectativa de votos miserable", ha remarcado Bautista.
El consejero ha replicado a las acusaciones de privatización del servicio, que los socialistas argumentan en una carta enviada a los usuarios que se han quedado sin su ayuda, señalando que en la misiva el Sepad ofrecía "una solución transitoria" mientras se resolvía la situación. "Mientras ustedes crean problemas, este Gobierno aporta soluciones", ha apuntado.
En este sentido, ha indicado que los datos que avalan la "apuesta municipalista y social" del Gobierno de María Guardiola son "incontestables", pues la financiación de las entidades locales a través de transferencias corrientes y de capital en favor de los ayuntamientos se incrementa en más de 10 millones de euros, un 7,1% más para 2024, porque se incrementa la financiación incondicionada y los programas de colaboración económico municipal en casi un 10%, y no descarta nuevos programas o la ampliación de los existentes.
DEJAR CAER EL SERVICIO
Por su parte, la diputada socialista Maricruz Buendía ha reprochado nuevamente al consejero sus intenciones de privatización del servicio. "Lo han hecho todo mal para que no funcione, porque quieren que salga mal, que los ayuntamientos dejen de prestar el servicio y crear un buen nicho de negocio", ha afirmado.
Así, ha asegurado que esto lo han visto ya en otros servicios públicos allí donde gobiernan PP y Vox, que "tienen en su mano la financiación y los instrumentos necesarios para prestar y mejorar este servicio" pero "no lo hacen porque su interés final es dejar de prestar este servicio público y privatizarlo".
Por su parte, el diputado del Grupo Popular Hipólito Pacheco ha señalado que la "irresponsabilidad" de dos alcaldes socialistas ha dejado sin servicio a 106 familias en Guareña y Valverde del Fresno, cuyos alcaldes les han dejado "en la estacada".
Pacheco ha señalado que el cambio de modelo responde a un cumplimiento con la legalidad y la transparencia, motivo por el que ha recriminado al PSOE que utilice a sus alcaldes como "perros de presa" contra el Gobierno, generando "polémicas ficticias" como esta o la de los comedores escolares que, con el paso del tiempo, "hacen ustedes el ridículo".
El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández, ha señalado que le parece "fenomenal" el incremento de las partidas que la Junta transferirá a los ayuntamientos recogido en el proyecto de presupuestos, así como ha celebrado que se apueste por la concertación y un trabajo "coordinado" con los ayuntamientos, al igual que no se descarte aumentar los fondos y los programas de colaboración.
Además de reiterar las palabras de la consejera de Salud en las que afirmaba que el servicio está "garantizado", le ha trasladado a Bautista que "pierda la esperanza" de que las diputaciones y alcaldes socialistas como el de Mérida "tengan intención de aportar nada bueno", y "menos ahora que se están dando puñaladas para ver quien hereda el califato", en referencia a la sucesión de Guillermo Fernández Vara al frente del partido.
"Hay consignación, se ha informado a los trabajadores sociales, se mantiene las cuantías respecto año pasado, se ha enviado la misma carta que el año pasado..." ha dicho Fernández, quien ha insistido en que la "única diferencia" con respecto a como se venía realizando es la forma de pago de la Junta a los ayuntamientos, que en todo caso responde a las directrices de la Intervención de la Junta.
Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, ha criticado la solicitud de esta comparecencia porque la considera una pérdida de tiempo para enfrentar a socialistas, a quienes acusa de "sobreactuar", y a 'populares', que considera que "han pecado de imprudentes" en la gestión del cambio de modelo de financiación.
Asimismo, ha calificado esta cuestión como un "debate falso", puesto que el servicio de ayuda a domicilio "está privatizado de facto" en Extremadura, pues salvo en estos 25 municipios, que no alcanzan al 20% de la población extremeño, en el resto está en manos privadas.
