El 4 de agosto se publicaba en el Diario Oficial de Extremadura un convenio entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales y la Universidad de Extremadura para el desarrollo de acciones de formación en protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia en el ámbito de la Administración pública extremeña.
En virtud de ese texto se está formando en total a 2.160 profesionales en la protección de los derechos de ese sector de la población. Con la presencia de la UEx se garantiza que los contenidos se imparten de forma rigurosa.
La importancia de la formación
En Canal Extremadura, la secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia del Gobierno autonómico ha indicado que una formación continua y especializada es fundamental para detectar y prevenir casos de agresiones a menores, y también para saber cómo hay que actuar ante esas situaciones.
El convenio se puso en marcha en 2024 y tiene continuidad este año. Se imparte un programa de capacitación, actualización de protocolos y talleres de identificación y prevención de casos de situaciones de violencia. De este modo -afirma Teresa Angulo- dan cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
Estas propuestas formativas van dirigidas a Servicios Sociales de Atención Social Básica, Programas de Prevención con Familias y Menores en Riesgo Social y Programas de Atención a Familias y servicios de Adolescencia y Familias y de Protección y Atención a la Infancia de la Consejería de Salud y Servicios Sociales; Profesionales de centros educativos con funciones de Coordinador de Bienestar y Protección, trabajadores sociales del ámbito sanitario y profesionales de Pediatría y de Salud Mental infantil.
Detectar a tiempo
La vocación que subyace a todas estas acciones es la de combatir esos episodios de violencia. Para luchar contra ellos de forma efectiva es necesario detectarlos a tiempo y saber cómo prevenirlos.
A ello enseñan en estos cursos: a articular los mecanismos necesarios para que se puedan ofrecer entornos que a la infancia le resulten seguros. Preguntada sobre si son muchos los casos en la región en los que se detecta riesgo para estos menores, Angulo señala que depende de la gravedad de los hechos.
Así, en 2024 su departamento recibió un total de 854 notificaciones de posibles casos de agresiones a niños o a población adolescente. De esa cifra, se procedió a la apertura de 164 expedientes: 80 correspondían a casos graves, y los 84 restantes a situaciones de riesgo.
En cualquier caso, la coordinación entre los ámbitos administrativo y académico se presenta como una de las claves para combatir con éxito estas situaciones que generan sufrimiento a los menores.
