El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Mérida ha denegado la medida cautelar urgente solicitada por la Junta de Extremadura para forzar a diversas empresas a prestar el servicio de transporte escolar en distintas rutas de la región.
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, dirigida por Mercedes Vaquera, había denunciado a varias compañías por presuntos delitos de alteración de precios, desabastecimiento de un servicio esencial y coacciones.
Argumentos del juzgado
El Ministerio Fiscal se ha opuesto a la medida y el juzgado, en su resolución fechada este 11 de septiembre, argumenta que no concurren los requisitos necesarios para imponerla. Entre los motivos expuestos, destaca la falta de indicios sólidos de criminalidad en esta fase inicial, la desproporción de obligar a empresas no adjudicatarias a prestar el servicio y la existencia de vías administrativas y contenciosas alternativas para garantizar el transporte escolar.
La denuncia de la Junta se basa en la sospecha de que algunas de estas empresas actuaron de forma concertada para alterar los precios del acuerdo marco del transporte escolar. Según la administración, este bloqueo provocó que muchas rutas quedaran desiertas pese a los sucesivos incrementos de precios ofrecidos en verano.
La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial.
