La propuesta de Vox de reducir el número de diputados de la Asamblea de Extremadura, pasando de los actuales 65 a 33, se presenta como una medida de ahorro económico. Sin embargo, sus efectos irían mucho más allá de una simple reducción de costes, ya que tendría un impacto directo en la proporcionalidad del voto y en la configuración de las mayorías políticas.
En la práctica, el adelgazamiento del Parlamento autonómico supondría concentrar la representación política en menos escaños. Un efecto que se aprecia claramente al comparar los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre con la hipotética distribución de asientos tras la reducción.
Con 65 diputados, la composición actual de la Asamblea es la siguiente:
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PP: 29 diputados
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PSOE: 18 diputados
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Vox: 11 diputados
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Unidas por Extremadura: 7 diputados
Si el número de escaños se redujera a 33, la distribución quedaría así:
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PP: 16 diputados
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PSOE: 9 diputados
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Vox: 5 diputados
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Unidas por Extremadura: 3 diputados
Aunque es cierto que este tipo de medidas suele beneficiar en mayor medida a los partidos más grandes, los expertos señalan que, en el caso concreto de Extremadura, el impacto sería limitado. La razón es que la barrera legal para obtener representación parlamentaria se sitúa actualmente en el 5%, un umbral que ya restringe el acceso de las formaciones minoritarias.
En cualquier caso, la reducción del número de diputados no podría llevarse a cabo sin una reforma previa de la Ley Electoral. La normativa vigente establece un mínimo de 20 diputados por provincia, con el objetivo de garantizar la representación de ambas. Modificar este requisito exige una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara, es decir, al menos 39 diputados.
Una cifra que, tras el adelanto electoral, sí alcanzan conjuntamente PP y Vox, que suman un total de 40 escaños, lo que abre la puerta a que la reforma pueda prosperar si existe voluntad política para ello.
