La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, se aprobó, definitivamente, el pasado 25 de agosto en el Congreso de los Diputados, tras un año y medio de recorrido.
Se trata de la ley estrella de los socios de gobierno, Unidas Podemos, y cuyo germen se remonta a la violación grupal que sufría una chica en Pamplona durante los Sanfermines de 2016. La sentencia de la primera "manada" provocaba todo un movimiento social y feminista que llegó hasta los Tribunales.
La ley entraba en vigor finalmente el pasado 7 de octubre y la polémica llegaba de inmediato con las primeras peticiones de rebaja de condena que permite la norma en su artículo 178.
En este artículo se borra la distinción entre abuso y agresión sexual y se cambia la horquilla de las condenas de 4 a 12 años, 2 menos que hasta ahora ( de 6 años a 12).
Además el código penal contempla la retroactividad, de ahí, las peticiones de revisión de condenas que estamos viviendo.
52 beneficiados por la Ley y 12 puestas en libertad
Desde su puesta en marcha la Ley ha beneficiado a 52 condenados por delitos sexuales. 48 por rebajas de condena, una de ellas en Extremadura.
Otras cuatro por sentencias posteriores a la aplicación de la norma.
Además, doce personas han sido excarceladas en este tiempo.
Montero en el centro de la polémica
Un asunto que ha protagonizado los mayores enfrentamientos entre los grupos políticos en el Congreso y fuera del Hemiciclo e, incluso, pidiendo, en reiteradas ocasiones, la dimisión de la ministra de Igualdad. Irene Montero ha defendido hasta la saciedad la nueva Ley, lo que ha abierto una brecha en el seno del gobierno.
Sánchez abre la puerta a la modificación
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas durante el Acto del Día de la Constitución, se mostraba abierto a modificar "puntualmente" la ley para evitar esas rebajas de condena a delincuentes sexuales.
Según fuentes de Moncloa, sería una modificación técnica a través de enmienda en la tramitación de cualquier ley orgánica (L.O.) que esté lista para tramitarse en el Congreso. No obstante, Sánchez insistía a los informadores que "esperará a que vuelva a pronunciarse el Tribunal Supremo".
