Uno de los detenidos por la Brigada de Estupefacientes asegura que sufrió torturas, coacciones y extorsión

Poco a poco, el sumario del caso Minuro-Peces comienza a ver la luz. Las diligencias practicadas durante años por Policía Nacional y Guardia Civil atribuyen, por ejemplo, más de diez delitos a los policías de la Comisaría de Mérida detenidos.

Entre ellos, el de tortura. Un presunto "abuso de autoridad para obtener ilegalmente confesiones o castigar a ciudadanos produciéndole sufrimientos físicos o mentales" que se atribuye a tres de los agentes de policía detenidos el pasado 15 de septiembre y que habrían cometido en la propia comisaría. Dentro de ese mismo tipo penal, se atribuyen diferentes niveles de gravedad según el agente implicado.

Extremadura Noticias ha podido hablar con la abogada de uno de esos ciudadanos presuntamente torturados por los agentes, Enrique Vega. María Luisa Cifo explica que la Brigada de Estupefacientes llevaba meses detrás de su cliente. Fue a finales de mayo cuando finalmente interceptaron su vehículo al lado de una finca donde se encontraron 336 plantas de marihuana. Según el testimonio de la letrada, en ese momento comenzaron las coacciones y amenazas por parte de los agentes. Su cliente, que se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, arrancó su coche y emprendió una huida que acabó en Solana de los Barros. Tras ser arrestado, a las coacciones y amenazas se le unen las primeras agresiones físicas.

Uno de los detenidos por la Brigada de Estupefacientes asegura que sufrió torturas, coacciones y extorsión

Ya en el calabozo, la Fiscalía solicitó su ingreso por tráfico de sustancias estupefacientes, delito de lesiones (un agente aseguró sufrir una lesión al tener que apartarse del coche cuando el detenido emprendió la huida) y conducción temeraria. Según esa misma versión, por la noche, aprovechando el cambio de turno, las amenazas, coacciones y torturas continuaron.

Un giro inesperado

Una versión que ha sido rechazada en numerosos recursos que no han dado credibilidad a la versión de Enrique. Sin embargo, con la detención de toda la Brigada de Estupefacientes de la Comisaría de Mérida, el caso da un giro. Horas antes de conocerse esas actuaciones, el 14 de septiembre, agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional en Madrid que han dirigido la investigación contra sus compañeros de Mérida toman declaración a Enrique Vega. Al día siguiente, informan a su abogada de que su cliente es una de las posibles víctimas de los delitos de tortura, lesiones, coacciones, amenazas y extorsión por los que llevan investigando a los policías nacionales de Mérida.

En su declaración a Asuntos Internos, la presunta víctima reitera que sufrió todos esos delitos y explica que no hay ningún parte de lesiones porque se le negó la asistencia de un médico forense y porque los agentes "sabían donde darle para no dejarle marca".

"Si no colaboraba, les recordaban que sabían donde vivía y trabajaba su mujer y donde estudiaban sus hijas"

El objetivo final, explicó, es que facilitase información sobre otras operaciones antidroga y sobre clanes que traficaban con sustancias estupefacientes. Si accedía, se "levantaría la mano"; si no, le recordaban que "sabía donde vivía y trabajaba su mujer y donde estudiaban sus hijas".

Según esa misma declaración, no todos los agentes tuvieron el mismo grado de implicación. Fueron el inspector y el subinspector de la Brigada los que, presuntamente, dirigieron los interrogatorios y los responsables directos de esas posibles conductas ilícitas.

Acusará a los policías

Ahora, Enrique y su abogada formarán parte de la acusación particular contra los agentes detenidos. El juez que instruye el caso en Mérida ha aceptado esa personación en el caso por considerarlo como una de las personas más directamente afectadas por las posibles actuaciones ilegales de los agentes. En el marco de ese proceso judicial, acusarán formalmente a los policías (al margen de lo que haga el resto de partes del proceso) de tortura, lesiones, amenazas, coacciones y extorsión.

Otras siete personas declararán también en calidad de posibles perjudicados por las actuaciones de la Brigada de Estupefacientes.

El lunes 15 de noviembre será la próxima jornada clave en la instrucción del caso, porque hay casos similares a los de Enrique. Otras siete personas declararán también en calidad de posibles perjudicados por las actuaciones de la Brigada de Estupefacientes.

"Durante mi carrera nunca he podido concebir un entramado y unos delitos como estos en Mérida -confiesa la abogada-. Voy a tener que hacer un croquis para organizar toda la trama. Como en las series de Netflix".