La Audiencia Provincial de Cáceres condena al policía nacional, acusado de matar a un preso fugado en 2018, por un delito de homicidio por imprudencia menos grave a una multa de 2.700 euros, a razón de 15 euros al día durante seis meses, y la prohibición de portar armas durante otros seis meses.
Además, se debe indemnizar a los familiares con 108.000 euros en concepto de responsabilidad civil. 44.000 mil euros para el padre, otros 44.000 para la madre. Y 20.000 para el hermano del fallecido.
La sentencia se ha emitido con un voto particular en favor de su absolución, al considerar el delito como homicidio por imprudencia leve. Este sentencia no es firme, por lo que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un plazo de diez días.
El juicio
El juicio se celebró a principios de este mes, después de que el ahora condenado se negara a alcanzar un acuerdo entre las partes. La acusación particular pedía para él una pena de entre uno y cuatro años de cárcel por homicidio imprudente, además de una indemnización de 200.000 euros .
Por su parte, desde la Fiscalía no solicitaban condena y la defensa del agente pedía la libre absolución, al no quedar probado que la bala que causó la muerte al preso saliera de su arma.
Los hechos
Los hechos sucedieron en marzo de 2018, cuando el preso huyó al descender del furgón policial durante un traslado a los juzgados en Cáceres, tras tirar las muletas -no iba esposado- y agredir a un agente. A partir de ahí protagonizó una fuga de varias horas por la ciudad, después de que varios agentes no pudieran capturarle en el momento, y le persiguieron hasta las inmediaciones del entorno de la Montaña, próximo a los juzgados.
Posteriormente fue localizado por el dispositivo de búsqueda, en el que participaron la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, y tras recibir una herida de bala en el tórax, el reo falleció en el Hospital San Pedro de Alcántara, a donde fue evacuado en estado crítico.
