Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado escrito de acusación contra doce personas implicadas en un supuesto caso de sacrificio ilegal de al menos 36 perros de caza, cuyas diligencias previas han sido instruidas por el Juzgado de Villafranca de los Barros, y para los que pide un total de 25 años de prisión.
Según explica en nota de prensa la organización ecologista, la investigación de los hechos se remonta a 2019, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), recibió el aviso del hallazgo de un perro muerto en avanzado estado de descomposición.
Una vez identificado el animal mediante el microchip que portaba y contactado su propietario, este declaró espontáneamente haber llevado a uno de sus cinco galgos a una veterinaria de la comarca de Tierra de Barros para que lo sacrificara, ya que no valía para cazar y se comía las liebres abatidas.
Por este motivo, una vez acabada la temporada de caza decidió matarla, lo que esta veterinaria hizo inyectándole un producto para eutanasia animal.
Según el relato de esta organización, tras diversas averiguaciones el SEPRONA puede comprobar que esta es una práctica bastante generalizada en la zona ya que numerosos cazadores de la comarca declaran haber recurrido a esta veterinaria para deshacerse de los perros que ya no querían seguir manteniendo por no serles útiles para la caza.
Sin embargo, cuando estos agentes consultan la documentación del Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura (RIACE) que obra en poder de la veterinaria, constatan que el motivo de la baja que figura en los expedientes de estos animales es "muerte por enfermedad" o "causada por accidente", lo que, entre otras cosas, puede suponer un delito por falsedad en un documento público.
Añade que a pesar de que en el juzgado los cazadores implicados se han acogido a su derecho a no declarar y la veterinaria acusada asegura que lo que consta en los certificados de defunción de estos animales es verídico, del resultado de la investigación del SEPRONA "parece deducirse con claridad que estos perros fueron llevados a la citada veterinaria por cazadores de la zona para que ésta acabase con sus vidas de forma ilegal".
Además, resaltan que "se da la llamativa circunstancia" de que sólo esta veterinaria firma al año un volumen desproporcionado de certificados de defunción en comparación con los que se emiten en el resto de la comarca de Tierra de Barros para el mismo período de tiempo.
Ecologistas en Acción recuerda que este recurso tiene como única finalidad aplicar la muerte indolora a un animal que sufre una situación penosa o una enfermedad agónica, incurable o de difícil recuperación.
Por estos hechos, solicita para los 11 cazadores propietarios de los perros sacrificados ilegalmente 1 año y 10 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal y, para la veterinaria que practicaba las eutanasias ilegales, 4 años y 10 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal y otro delito continuado de falsedad documental.
