El Boletín Oficial del Estado publicaba el sábado el Real Decreto que regula las plantaciones de viñedo . Hasta ahora, la Denominación de Origen Protegida Cava proponía las zonas de las plantaciones, pero era el Ministerio de Agricultura el que tenía que dar el visto bueno. Ahora esa decisión dependería exclusivamente del consejo regulardor de la Denominación de Origen, que en su práctica totalidad está en manos de bodegueros de la comarca catalana del Penedés, y que en sus últimas propuestas practicamente excluía a Extremadura.
La Junta de Extremadura podría llevar el asunto a los tribunales, al discrepar de que el nuevo Real Decreto no contemple la participación de las comunidades en estas decisiones. Hasta ahora el informe de las autonomías afectadas era preceptivo. La medida ha suscitado también críticas entre diversas organizaciones agrarias, que lamentan que el Gobierno de Pedro Sánchez haya cedido a las presiones de las bodegas catalanas. Piden que la última palabra la siga teniendo el Ejecutivo central. El secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, ya ha pedido a la Junta que intervenga.
Los bodegueros extremeños no tienen una posición definida, aunque son partidarios de que no se incremente el número de hectáreas para nuevas plantaciones; alegan los actuales problemas del mercado para consumir el cava que ahora se produce. Y es que de los 300 millones de botellas de cava que se produjeron en la pasada campaña, el 20% no se han vendido.
En España hay 374 bodegas inscritas en la Denominación de Origen Protegida Cava; 4 de ellas en Extremadura, donde hay además otras 4 empresas colaboradoras que aportan vino base, necesario para la elaboración de este producto. En la zona de Almendralejo hay inscritas para este fin 1.426 hectáreas de viñedos; de ellas están en producción unas 1.200, y el resto estarán también a pleno rendimiento el próximo año.
TEXTO: Redacción
IMAGEN: Canal Extremadura
