Banderas en el balcón del ayuntamiento de Almendralejo
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que la intención del Gobierno es suspender la regla de gasto durante 2020 y 2021 para que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes, tras el fracaso del decreto del Ejecutivo que fue rechazado la semana pasada por una amplia mayoría del Congreso.
La idea ha sido bien acogida en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su Junta de Portavoces ha coincidido en dialogar, pedir la inclusión inmediata del fondo de transportes y negociar la recuperación de los 5.000 millones de los presupuestos.
El nuevo decreto, que se impulsará en las próximas semanas, suspenderá la regla de gasto en 2020 a fin de que los ayuntamientos tengan más recursos y más margen presupuestario, pero deja fuera los 275 millones, ampliables hasta 400, destinados a paliar la pérdida de ingresos en el transporte público a causa de la pandemia.
Por eso, desde la Junta de Portavoces de la FEMP, reunida este lunes, quieren que el texto del nuevo decreto, que será trasladado a los grupos parlamentarios, incorpore de forma inmediata este fondo o al menos se habilite su utilización este año.
Que los ayuntamientos puedan liberar sus remanentes es el otro objetivo de los alcaldes y el origen de la discordia que impidió la aprobación del anterior decreto, rechazado en el Congreso por una amplia mayoría y que dejaba esos ahorros de las corporaciones locales en manos del Gobierno a cambio de recibir dinero de un fondo de 5.000 millones.
Desde el PP, el portavoz de los populares en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha valorado la "rectificación" del Gobierno -que tras fracasar el decreto en el Congreso descartó un nuevo texto-, pero ha subrayado que el actual "no es suficiente" porque no recoge fondos extraordinarios y deja fuera, "lo esencial".
"Lo esencial", según Azcón, son los 5.000 millones que en un principio se repartirían, en dos años, entre aquellos ayuntamientos que previamente transfirieran sus remanentes al Estado.
En palabras de Azcón, la rectificación de Hacienda es "mínima", ya que se olvida de dos cosas: los 5.000 millones comprometidos y el transporte público.
"No nos vamos a conformar con miserias", ha asegurado el portavoz popular, que ha apelado a un plan de ayudas justo con los ayuntamientos, incluidos los que no tienen remanentes.
En esta línea de "recuperar" los 5.000 millones también se ha situado el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, que ha planteado a la Junta de Portavoces que pongan sobre la mesa alternativas.
"Conseguí del Gobierno un fondo no reembolsable de 5.000 millones y por una cuestión de reparto dijeron que no", ha afirmado en rueda de prensa Caballero, quien ha considerado "imprescindible" que las entidades locales puedan hacer uso de sus ahorros.
Caballero ha insistido en que "el planteamiento único" respecto a los remanentes fue el que el Gobierno planteó -cesión y devolución escalonada-, porque la ley de estabilidad presupuestaria "prohíbe taxativamente" que los ayuntamientos hagan uso de estos fondos.
"Si alguien tiene una propuesta mejor querríamos conocerla", ha aseverado Caballero, quien ha añadido que la opción sobre los remanentes que genere mayor consenso en el Congreso "nos vale".
Caballero ha valorado la acción "rapidísima" de Hacienda de anunciar el impulso en las próximas semanas un nuevo decreto.
El nuevo texto tendrá, según Hacienda, un impacto que superará los 3.000 millones de euros y en él se incluirán las medidas que "aparentemente" generaron un mayor consenso entre los alcaldes.
Es por ello que el nuevo decreto no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso.
El nuevo texto apuesta por prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones y ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas.
Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, con un impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros.
Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica.
Así, las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación y se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito.
Desde Cs, su portavoz, Melisa Rodríguez, ha acusado al Gobierno de mentir cuando dijeron que no había opciones para facilitar recursos a los ayuntamientos.
La portavoz de Cs ha considerado que el Ejecutivo necesita un fracaso "estrepitoso" para entender, por ejemplo, que la regla de gasto tiene que estar flexibilizada.
"Tienen que llevarse un varapalo importante para darse cuenta de que sí había plan B", ha remarcado la portavoz.
Desde el PSOE, su presidenta, Cristina Narbona, ha admitido que "rectificar es de sabios" y ha señalado que "cuando algo no sale al gusto del Gobierno de turno, habrá que hacerlo de otra forma".
