María Luz Calvo tenía 91 años y un cáncer de páncreas terminal. Consciente de cómo podía acabar su enfermedad, en agosto firmó el testamento vital y el 24 de septiembre solicitó la eutanasia. Más de un mes después, fallecía sin que su petición se hubiera llegado a resolver.
Su hijo, Alfonso Rivera, denuncia que esa lentitud se ha traducido "en un mes de sufrimiento que se podría haber evitado", ya que los propios médicos le aseguraron que en su caso "no podían hacer nada."
La ley contempla un periodo de respuesta a las solicitudes de eutanasia de hasta 40 días. La petición tiene que ser certificada el médico responsable del caso y un segundo médico que actúa de consultor. De ahí se remite a la Comisión de Garantía y Evaluación, que se encarga de revisar y autorizar la ayuda a morir. Maria Luz murió antes de que su expediente llegara a este órgano porque, entre otros retrasos, el primer médico que la atendió se declaró objetor de conciencia, lo que demoró algo más todo el proceso.
La ley debería haber entrado en vigor en junio pero en Extremadura no ha estado lista hasta finales de septiembre
La familia se muestra agradecida del trato recibido por parte de los sanitarios del SES, pero su hijo lamenta que con esta la ley su madre no ha tenido la muerte que quería: "A ella le hubiera gustado decidir el día de su muerte, recibir a la familia, comer juntos, despedirse de todos e irse a dormir sabiendo que ya no iba a despertar".
"A ella le hubiera gustado decidir el día de su muerte"
Según la Junta, esta ha sido la única solicitud que se ha registrado en Extremadura hasta el momento. La ley que garantiza el derecho a morir dignamente se aprobó en el Congreso en marzo y debería haber entrado en vigor en junio, pero en Extremadura no ha estado lista hasta finales de septiembre por los retrasos en la creación de la Comisión de Garantía y el registro de sanitarios objetores de conciencia.
