Los propietarios de las viviendas de la urbanización Marina Isla de Valdecañas recurrirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la sentencia del Supremo que ha acordado la demolición del hotel, las casas y el campo de golf, y puede que también acudan al Constitucional.
Así lo ha confirmado a Canal Extremadura el abogado de dos de las tres asociaciones de propietarios de viviendas, Luis Díaz-Ambrona, tras la sentencia que ha estimado el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción. "No ha sido un jarro de agua fría, ha sido un baño de aceite hirviendo". No lo esperaban, asegura, tras la "bien fundamentada" sentencia del TSJEX que ordenaba la paralización de las nuevas viviendas en construcción pero avalaba el mantenimiento de todo lo construido.
Para evitar esa demolición, los propietarios seguirán litigando, "bien a la justicia europea o bien al Tribunal Constitucional, aún debemos decidirlo", asegura Díaz Ambrona, que añade que es "un día triste para Extremadura y para todos los extremeños que deseamos que esta tierra salga algún día de la pobreza". La sentencia, asegura, es un "zambombazo muy negativo para cualquier inversor que quiera poner su dinero en esta tierra".
"Es un día triste para Extremadura y para todos los extremeños que deseamos que esta tierra salga algún día de la pobreza"
En todo caso, si los recursos no surtieran efecto y las viviendas tuvieran que ser destruidas, el abogado de los propietarios da por seguro que sus clientes recibirán cuantiosas indemnizaciones. "No sería difícil de calcular", asegura, teniendo en cuenta "la inversión que realizaron más los daños morales sufridos en todo este tiempo". Y rechaza la acusación de Ecologistas en Acción, que les considera "propietarios de mala fe" por conocer los recursos contra el complejo turístico cuando hicieron su inversión. "Eso es totalmente falso -explica Díaz-Ambrona-, porque todos compraron unas propiedades absolutamente legales y con todas las autorizaciones pertinentes".
En declaraciones a EFE, Díaz-Ambrona ha señalado que el grueso de esas indemnizaciones correspondería a la Junta de Extremadura, que habilitó la construcción del complejo con requisitos como el de la evaluación ambiental. Sobre posibles cantidades, ha considerado que habría que partir de una media por propietario de 800.000 euros.
Además, la Junta tendría que sufragar los elevados costes de la demolición y sobre todo de la eliminación de los residuos, ha advertido el abogado, por lo que tendría "una incidencia muy fuerte en sus presupuestos", ha subrayado Díaz-Ambrona.
La gran mayoría de los 186 propietarios son de viviendas de segunda residencia y una gran parte de ellos proceden de Madrid.
