Caritas Diocesana confirma que solo en la diócesis de Mérida-Badajoz, 577 personas acudieron en el año 2020 a pedir ayuda. Desde la entidad denuncian que las personas sin hogar se encuentran "sin salida" ante un sistema de protección social que no funciona y que, atravesado por la pandemia, les desprotege aun más.
Vicente González, director voluntario del área de inclusión social de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz señala que las dificultades aumentan para quienes no tienen un hogar pero, también, para miles de personas que bajo techo, cada día son más vulnerables: "Si son cuatro en casa, cuéntame como se paga luz, el alquiler, como se compra un chándal para un niño... Nos encontramos ante una situación desconocida porque parece que se trata de personas que como ya tienen un hogar, son menos vulnerables, pero en realidad están en situaciones de vulnerabilidad muy altas".
Explica Vicente que es una realidad que ven a diario en las Cáritas parroquiales hasta donde se acercan quienes necesitan que se les ayude a pagar un recibo de la luz, algo de alimento o algún tipo de material o ropa que necesitan sus hijos.
El caso de Nelson y Mercedes
Las escenas que señala Vicente, las conocen de cerca Nelson y Mercedes. La pareja vive bajo techo, pero lo hace desde hace tres años y medio en un piso ocupado propiedad de un banco. La vivienda se encuentra cerca de la zona conocida como "las 800" ,en Badajoz.
Nos aseguran que, desde hace tres años y medio, están viviendo en condiciones insalubres, sin ventilación ni luz natural, sin calefacción, sin agua y sin potencia eléctrica para conectar algún calefactor. Una situación que provoca problemas de salud a sus tres hijos. Problemas que, confirmados documentalmente, avalan diferentes informes médicos y del colegio de los pequeños. Nelson alude a ello al contarnos "Las asistentas sociales nos ayudan en todo lo que pueden, han venido a mirar la casa, a conocer la situación, a hacer sus informes. Ellas mismas han puesto una reclamación a la Junta acompañada de estos informes, pero seguimos esperando".
La asistenta social que les acompaña en este proceso desde el Ayuntamiento pacense confirma que "lleva peleando el caso mucho tiempo" y que ha enviado el expediente de esta familia a la administración regional.
Denuncia la gravedad que genera la falta de adjudicación de viviendas sociales en Badajoz y a la que cree es urgente ponerle remedio. Cree que "los problemas o la peleas entre administraciones no deben perpetuar situaciones así en ningún hogar", tampoco en el de Nelson y Mercedes: "Son buenos padres, son unos padres realmente ejemplares que adoran a sus hijos, el único problema que tienen es que no tienen una nómina y sin eso, nadie les quiere alquilar una vivienda".
Nelson asegura que hace casi 4 años que iniciaron los trámites para solicitar una vivienda de Protección oficial a la Junta de Extremadura y que, en 2021 les incluyeron en la lista de "urgentes". "Pero no logramos nada. Y no lo quiero para mí, yo puedo dormir debajo de un cartón, solo quiero un techo para estar en condiciones con mis hijos, que pasan mucho frío, que no puede seguir uno de ellos con bronquitis crónica. Esto no es para explicarlo, esto solo puede explicarse si se vive".
Preguntada por ello, la Junta de Extremadura responde que no han dado trámite a la solicitud porque la familia está ocupando una vivienda de forma ilegal, y eso impide que puedan ser beneficiarios de una vivienda social. La administración transmite que se ha puesto en contacto con ellos para informarles de la existencia de la "ayuda de especial vulnerabilidad" a la que pueden acogerse para alquilar una vivienda de forma legal y, a partir de ahí, poder solicitar una vivienda social.
Mercedes nos traslada que es algo que desean más que nada, "estar legales": Y añade: "Qué más queremos nosotros que estar legales y tener a nuestros niños mejor, pero nadie nos quiere alquilar porque no tenemos nómina ni aval. Este mes han entrado en mi casa, de cinco miembros, 540 euros del Ingreso Mínimo Vital, con eso cubrimos todo".
Como si se tratara de una "pescadilla que se muerde la cola", la trabajadora social que hace los acompañamientos para intentar alquilar una vivienda de modo legal, resume un círculo del que Mercedes, Nelson y quienes les acompañan en este proceso son incapaces de salir: Ocupan una vivienda de un banco porque no tienen trabajo ni recursos. No les conceden una vivienda social porque están ocupando ilegalmente una vivienda, pero no encuentran vías para alquilar una vivienda porque, sin aval y sin nómina, nadie les quiere alquilar: "No solo es que hayan subido mucho, muchísimo de precio los alquileres, es que los caseros saben que, si su único ingreso es una ayuda social y los inquilinos dejan de pagar, pueden perder su dinero. Tienen miedo, no se fían de nadie que no tiene una nómina y un aval".
La profesional, curtida en asistencias a familias en riesgo de vulnerabilidad y problemas de vivienda, nos indica que existen muchas viviendas sociales en Badajoz, pero que hay multitud de solicitudes aun sin resolver": Hace un llamamiento a las administraciones para desbloquear esta situación que pone en riesgo a tantas familias y, especialmente a no criminalizar la pobreza.
