El 28 de mayo de 2020,un decreto del Gobierno daba luz verde a una ayuda de la Seguridad Social que buscaba prevenir la pobreza y la exclusión social agudizada por la pandemia: El Ingreso Mínimo Vital.
En una de las disposiciones transitorias que lo regulan, se indicaba que las familias que fueran beneficiarias de la prestación familiar por hijo a cargo (140 euros cada seis meses) tendrían concedido, sin necesidad de solicitarlo el Ingreso Mínimo Vital. De ahí que muchas familias, sin presentar documentación alguna para gozar de este beneficio, comenzaron a recibir el ingreso.
Familias extremeñas afectadas
Han pasado dos años, y algunas familias extremeñas han comenzado a recibir la comunicación en firme de la Seguridad Social que les indica que "no cumplían con los requisitos económicos para recibir ese cobro" y que, por tanto, tienen que devolver todo lo recibido. En el caso de una de ellas, once mil euros, una cantidad inasumible para su núcleo familiar.
"Me piden 11.000 mil euros que no tengo, es injusto"
La mujer afectada por esta situación, que prefiere reservar su identidad, expresa que en 2020 tenían un negocio que cerró por la pandemia porque no podían pagar el alquiler. "Estábamos los dos parados, somos familia numerosa y nos dieron la ayuda sin que la pidiéramos".
Ella, como el trabajador social de los Servicios Sociales de su Ayuntamiento, José Julián Real, nos confirman que cuando la situación familiar cambió y el marido de esta mujer encontró trabajo, enviaron la declaración de la renta correspondiente para que si la Seguridad Social lo consideraba, se detuviera el pago del IMV. No tuvieron respuesta de la administración y siguieron recibiendo de oficio la cantidad correspondiente.
Una situación similar vive otro de los vecinos a los que asesora el trabajador social José Julián Real. En su caso, está llamado a devolver 3.500 euros. El afectado nos dice que nada le gustaría más que se arreglara esta paradójica situación para todas las familias afectadas "No hemos tenido culpa de nada de esto", expresa.
"No hemos tenido culpa de nada de esto"
Así lo han indicado en las alegaciones que han presentado al primer aviso que recibieron de la Seguridad Social. Sin embargo, en una carta oficial posterior, esta se ratifica en que recibieron un cobro indebido y les exige el reintegro de todo lo cobrado.
Error de la administración
Esa es una de las claves de este asunto. Así lo expresa el trabajador social José Julián Real: "Si tú no has solicitado nada, si la que se equivoca es la administración, debe ser ella la responsable".
Insiste el trabajador social que estas familias no pidieron nada, "simplemente eran beneficiarias de la prestación familiar por hijo a cargo, se la dio el Gobierno directamente".
En este momento, desconocemos cuantas familias están afectadas por esta situación. Estamos a la espera de conocer este dato solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.
José Julián Real nos habla de los casos que él asesora. Ya son tres las familias afectada en los dos municipios extremeños donde ejerce su labor en los servicios sociales de base. Nos explica que se trata de familias especialmente vulnerables. Si justifican que no pueden devolver todo el dinero en un solo pago, la Tesorería de la Seguridad Social puede facilitarles plazos para ello, "pero si son 10 plazos, son 300 euros al mes. Se trata de familias con varios miembros en paro, que viven en casas sociales, perfiles a los que ningún banco les da un crédito..."
Pasado el tiempo de las alegaciones y recibida la carta de confirmación de la Seguridad Social desoyendo sus argumentos, a las familias afectadas solo les queda acudir a los tribunales para reclamar lo que consideran injusto.
