Esta semana han empezado las comparecencias en la Asamblea dentro del período informativo del proyecto de Ley de Concordia que formuló Vox y que cuenta con el apoyo del Grupo Popular.
Por la Cámara autonómica pasarán en la próxima semana medio centenar de personas de distintas instituciones y colectivos relacionados con esta temática. En Canal Extremadura hemos hablado con dos de esos expertos: uno que se declara a favor del texto, y otro que dice estar en contra.
Ley positiva, según Alfonso Pinilla
Alfonso Pinilla, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, asegura que el espíritu de esa Ley de Concordia es innovador, positivo y constructivo; y añade que tiene una concepción inclusiva y que con ella la reparación de todas las víctimas está garantizada.
Puntualiza que con la anterior norma, la Ley de Memoria Democrática, que impulsó al Gobierno autonómico socialista, se garantizaba el reconocimiento y la dignidad de las víctimas, y la recuperación de los campos de concentración. Aspectos, todos ellos, que -a su entender- asegura también la Ley de Concordia.
Pinilla considera clave que se evite la polarización y el uso político de las víctimas. El pasado -nos cuenta- es complejo y tiene muchas caras. El experto concibe el pasado como un lugar de encuentro para aprender de los errores cometidos, y no como un arma arrojadiza; una concepción que califica como "muy empobrecedora".
Sobre por qué es tan difícil el consenso, señala que habría que preguntárselo a los partidos políticos. Y considera de recibo que la Ley de Concordia incluya a las víctimas del terrorismo, a las que -concluye- hay que dignificar.
Según Ángel Olmedo, paso atrás
El historiador Ángel Olmedo, que es miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, tiene una visión bien distinta. Desde su perspectiva, la Ley de Concordia es una vuelta atrás y supone deshacer el camino.
Denuncia las trabas que esa norma va a imponer a las excavaciones arqueológicas de las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Olmedo no encuentra nada positivo en esa ley. Lamenta su lenguaje machista y critica que en ella no aparece la mujer, los derechos LGTBI ni el robo de bebés.
Contrapone Ángel Olmedo ese texto a la Ley de Memoria Democrática, que -destaca- consiguió garantizar los derechos de todos los colectivos. En cambio, prosigue, la Ley de Concordia no supone ninguna garantía de defensa de las víctimas; suprime el Consejo y las asociaciones de memoria histórica, a las que exige que se constituyan como asociaciones de concordia.
En definitiva, enfatiza, no pone en el centro a las víctimas. Añade que se ha usado como moneda de cambio para otros fines y que se truncan muchos avances de los últimos años.
Tampoco entiende que incluya a quienes han sufrido atentados terroristas, porque ellos "ya tienen su propia normativa".
