La ONG Accem ha atendido en España a un total de 42.949 ucranianos desde el 24 de febrero de 2022, cuando inició la invasión Rusia en este país, 254 de ellos en Extremadura. Según ha señalado este lunes la ONG con motivo del tercer aniversario del conflicto, en 2022, con la activación de la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea, se agilizaron los procedimientos para ofrecer una atención y acogida "inmediata" a quienes huían del conflicto de Rusia con Ucrania. Así, en 2022, Accem prestó apoyo a 29.149 personas; en 2023, a 9.299; en 2024, a 10.741, y en lo que va de 2025, a 1.671.

Por comunidades, entre 2022 y 2025 Accem ha atendido a 36.073 ucranianos en Madrid. Le sigue Murcia, con 2.279; Castilla y León, con 2.136; Castilla-La Mancha, con 1.474; Aragón, con 936; Comunidad Valencia, con 934; Andalucía, con 923; Galicia, con 707; Asturias, con 702; Extremadura, con 254; Cataluña, con 168; Euskadi, con 109; Canarias, con 14; La Rioja, con nueve y Ceuta, con tres. De esta manera, la ONG ha garantizado a estas desplazados desde Ucrania acceso a servicios de acogida, vivienda, asistencia psicológica y orientación e inserción laboral. En este sentido, Accem ha reclamado que esta figura de protección se extienda a otras personas que huyen de guerras, "facilitando una acogida más eficaz y ágil".

Accem ha expuesto que, en la actualidad, la llegada de refugiados de Ucrania se produce en menor volumen y de manera progresiva, con la mayoría de ellas avanzando hacia la fase de autonomía y concluyendo su estancia en los programas de acogida. En esta misma línea, la ONG ha apuntado que en 2024 se registraron 2.331 resoluciones de protección temporal en España, según datos del Ministerio del Interior, de las que 52 por ciento pertenecían a mujer y el 48 por ciento, a hombres. Asimismo, la entidad ha destacado la puesta en marcha en marzo de 2022 del CREADE (Centro de Recepción, Atención y Derivación) en Pozuelo de Alarcón (Madrid), uno de los "hitos fundamentales" en la respuesta de emergencia a la crisis de Ucrania. La coordinación interministerial, con Acnur y Accem permitió poner en marcha el primer centro de los cuatro habilitados en España para la acogida de la población del país ucraniano.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera tener aprobada antes de que finalice el año la ley orgánica para la condonación de deuda de las comunidades autónomas del régimen común.

"Si todo va en una tramitación acelerada, antes del final de año podamos tener aprobada la ley. Nosotros vamos a impulsarla con la mayor celeridad posible y, por tanto, si contamos con que los grupos políticos compartan esta idea, pues tendremos capacidad de aprobarla lo antes posible", ha asegurado la titular de Hacienda en rueda de prensa para presentar la propuesta del Gobierno para la asunción de deuda de las comunidades autónomas del régimen común.

Montero ha detallado que, tras la remisión este lunes de la propuesta a todas las comunidades autónomas del régimen común para que la estudien, el miércoles se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Yo espero que las comunidades no voten en contra. Y si lo hacen, espero que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tenga una mayoría suficiente para poder aprobar la medida", ha enfatizado. Tras esto, habrá reuniones bilaterales de carácter técnico con cada comunidad autónoma, que dirigirá el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. También será necesario reunir las comisiones mixtas para que cada una de las comunidades autónomas acepte la cuantía correspondiente.

Según ha explicado la ministra, esta ley tiene carácter orgánico, lo que significa que se debe elaborar un anteproyecto de ley --que incluye trámites de consulta pública, informes preceptivos..-- para, posteriormente, aprobarla en el Consejo de Ministros en segunda vuelta y mandarla a las Cortes Generales. "A partir de ahí, son los grupos políticos los soberanos para decidir si lo que ponemos a su consideración cuenta o no con su visto bueno", ha detallado la titular de Hacienda.

Con todo, la ministra espera poder llegar a acuerdos y ha señalado que la metodología empleada para calcular la quita de deuda de cada comunidad "podrá tener algún ajuste puntual", aunque ha recalcado que está construida "en base a unos supuestos que no son fáciles poder sustituirlos".

Hasta 7.000 millones de euros de ahorro

La propuesta supondrá un ahorro de intereses que rondará en torno a unos 5.000/7.000 millones de euros, aunque se tendrá que analizar detalladamente en función de la antigüedad de la deuda que tiene cada comunidad autónoma. Así, Montero ha enfatizado que esta cantidad es "muy preliminar", ya que no solo depende de la antigüedad de la deuda de las regiones que han acudido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sino también del endeudamiento que mantienen con terceros las comunidades que no están en el FLA.