Ante la posibilidad de unas futuras elecciones anticipadas en Extremadura, el debate jurídico y político se centra en la duración de la legislatura. El Estatuto de Autonomía establece que el mandato dura cuatro años, aunque el reglamento parlamentario diga lo contrario. ¿Quién tiene razón? Hemos preguntado a los expertos.

En la última reforma del Estatuto de Autonomía, en 2011, se especifica la convocatoria de elecciones anticipadas, según el profesor de derecho constitucional Daniel Berzosa, y también en el Estatuto se expone que el parlamento se elije por cuatro años.

Por otro lado, en el Reglamento de la Asamblea, se regula que si se celebran elecciones anticipadas, la legislatura se acorta, ajustándola a lo que reste de la actual. "Prevalece lo que dice el Estatuto, puesto que es una norma superior a lo que pueda decir el reglamento parlamentario, máxime cuando este último restringe esta disposición que se introdujo en 2011" es lo que afirma Berzosa.

Igualmente, insiste el profesor, si se llegara ante el Tribunal Constitucional, el resultado sería claro, el Reglamento de la Asamblea, que limita la legislatura, es inaplicable. "En caso de llegar a un tribunal, esa parte del reglamento es inaplicable, porque es una norma inferior y contradice a la superior, y tiene un contenido restrictivo, respecto a lo que dispone el Estatuto que es la norma superior jurídica de la comunidad de Extremadura".

Berzosa afirma que es necesario ajustar ambos textos para no entrar en contradicciones y que los diputados deberían estar de acuerdo por unanimidad, aunque la reforma del reglamento de la asamblea se puede aprobar por mayoría. Para ello, el PP necesita 5 votos más de los que tiene.
 

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, ha pedido este jueves al Gobierno central que "rectifique" el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 porque "margina, sobrecarga y limita las oportunidades de desarrollo de territorios como Extremadura".

Así lo ha manifestado Martín Castizo durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada este jueves en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, presidida por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

Según ha indicado el consejero extremeño, lo que el Ejecutivo central ha llevado a exposición pública no es un "megaplan", sino un "conjunto de medidas fragmentadas, poco realistas y desconectadas de los territorios".

Se trata de un plan, ha insistido, "que no ha sido consensuado con quienes tenemos la competencia de aplicarlo, que no aporta certezas sobre su financiación, y que no respeta los tiempos necesarios para coordinar nuestras políticas autonómicas", ha apuntado Martín Castizo.

Ante esta situación, ha avanzado que el Gobierno extremeño no va a aceptar medidas en materia de vivienda que "supongan una transferencia injusta de recursos entre territorios", así como que "profundicen las desigualdades y vulneren el principio de equidad en el acceso a las políticas públicas esenciales, como el derecho a la vivienda".

Por ello, ha pedido que se abra un "proceso real" de diálogo con las comunidades autónomas, y que "se garantice una financiación suficiente y equitativa", porque según ha dicho, "la vivienda no puede ser un campo de confrontación política ni de titulares fáciles, sino que es un derecho fundamental de la ciudadanía y una obligación para todas las administraciones", ha sentenciado.

Cabe destacar que Martín Castizo ha estado acompañado por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Junta de Extremadura, Lidia López Paniagua.