La diputada del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha dejado entrever que su grupo parlamentario votará en contra de la enmienda a la totalidad presentada por Vox, que se debatirá en el pleno del próximo martes 28 de octubre. Lo ha hecho durante su intervención en el programa El Foro de Canal Extremadura Televisión, en respuesta a una pregunta directa del diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá.

Álvarez ha asegurado que el PSOE apoyará la postura de Unidas por Extremadura y ha sido tajante al afirmar que “jamás votaremos algo que vaya en contra de nuestras señas de identidad y de nuestro ADN”. Ante la insistencia de Sánchez Juliá para que aclarara la orientación del voto socialista, la diputada respondió: “Pues está claro, José Ángel, yo creo que se puede decir más alto pero no más claro, nosotros no renunciamos a nuestros principios ni a nuestros valores, respondida queda”.

Además, Álvarez ha criticado la actitud de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y ha señalado que “si quiere convocar elecciones, que las convoque ya, porque ha demostrado que es incapaz de dialogar con nadie”.

La sesión plenaria del martes se prevé tensa. Los presupuestos presentados por el Gobierno autonómico se enfrentarán la próxima semana a tres enmiendas a la totalidad, registradas por los tres grupos de la oposición: PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Las posturas están enfrentadas y muy alejadas entre los partidos, lo que hace prever un escenario de bloqueo que, salvo sorpresa de última hora, podría acercar a la región a una convocatoria anticipada de elecciones.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha anunciado que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tiene el propósito de iniciar el procedimiento para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Concordia aprobada por la Junta de Extremadura.

Según ha explicado Quintana, la nueva norma, que deroga la anterior Ley de Memoria Histórica, ha sido objeto de estudio por parte del ministerio, que concluye que existen fundamentos jurídicos suficientes para plantear dicho recurso. Por ello, se procederá a comunicar formalmente a la Junta de Extremadura esta intención, como paso previo a la apertura de una negociación institucional.

Para ello, se constituirá un grupo de trabajo formado por personal del ministerio y de la Junta, con el objetivo de resolver las discrepancias detectadas en el análisis jurídico. Al mismo tiempo, se trasladará al Tribunal Constitucional la postura del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

En caso de que el grupo de trabajo no alcance un acuerdo, se presentará el recurso de inconstitucionalidad ante el alto tribunal. El delegado del Gobierno ha subrayado que esta ley “viene a dividir y no a recordar lo que pasó”, en referencia al enfoque que plantea la nueva norma respecto a la memoria democrática.

Recordamos que la Ley de Concordia extremeña entró en vigor el pasado 18 de octubre y ha sido presentada por sus promotores, PP y VOX, como una norma que pretende “preservar la reconciliación y la convivencia entre todos los extremeños”, aunque la oposición la califica como un intento de “borrar la memoria histórica”.