Bajo el lema "Proteger lo conquistado, ganar futuro", los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han salido hoy a la calle en más de 80 ciudades españolas, incluida Mérida, para reivindicar avances laborales como la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y la reforma del sistema de despido en España.
Patro Sánchez, secretaria general de UGT en Extremadura, ha asegurado que es un día "muy importante para reclamar que los derechos que hemos conquistado, no vamos a permitir de ninguna de las maneras que haya un paso atrás". Ha añadido, también, que el objetivo de la manifestación es conseguir la reducción de la jornada laboral. Algo en lo que ha coincidido la secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, Encarna Chacón, que lo ha calificado de "imprescindible en el siglo XXI", y ha afirmado que también se movilizan por "mejorar los salarios, porque hay que repartir la riqueza que tienen los empresarios, que están acumulando a costa de la clase trabajadora".
Movilizaciones por todo el país
La manifestación, que ya ha arrancado en la capital extremeña, forma parte de una movilización nacional en la que también están presentes los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en la marcha de Madrid. En la capital, les acompañan miembros del Gobierno como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y otros ministros de áreas sociales.
Las principales demandas sindicales están centradas en el ámbito nacional. CCOO y UGT exigen que se cumpla de forma urgente el acuerdo para reducir la jornada laboral, cuya tramitación legislativa se ha visto retrasada por problemas técnicos del Consejo de Ministros. Ambos sindicatos han advertido al Gobierno de que, si no se avanza con rapidez, retomarán las movilizaciones.
Otra de las reivindicaciones centrales es la reforma del despido. Tras varias sentencias europeas que cuestionan la baja indemnización por despido en España, los sindicatos instan a abrir una mesa de diálogo social para adaptar la legislación española a la Carta Social Europea.
