Evitar la discriminación en el ámbito laboral al colectivo de personas LGTBI+ es el objetivo del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
Este texto obliga a las empresas a incluir un protocolo frente al acoso y la violencia. Necesitan tener prácticas preventivas y también mecanismos para detectar y actuar en caso de que se produzca el acoso.
Silvia Tostado, presidenta de la Fundación Triángulo, valora de forma favorable la medida. "Todas las medidas encaminadas a eliminar violencias en cualquier ámbito son positivas".
También Sisi Cáceres, de Extremadura Entiende, muestra su satisfacción por este "gran paso adelante".
"Un hito histórico porque recoge los derechos del colectivo LGTBI+ y lucha de forma real contra la discriminación en estos espacios"
La medida, que tendrán que poner en marcha las empresas de más de 50 empleados, contará también con un plan de formación a las personas encargadas de seleccionar al personal. No en vano, según los datos, cuatro de cada diez personas trans son expulsadas del mercado de trabajo en el proceso de selección.
Javier Peinado, de la patronal extremeña, se muestra conforme con el real decreto pero explica que están analizando la "letra pequeña".
"Es una tarea más a la mochila de las empresas"
Peinado recuerda que ahora las empresas dispondrán de un plazo de tres meses. Según la Confederación de Empresarios de Extremadura, en la región son 344 las empresas que tendrían la obligación de implantar este protocolo.
