La operación tuvo lugar en 2018 en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz. En ella, se registraron quince casas y se incautaron droga, dinero negro, vehículos y armas. En total se detuvo a 32 personas, relacionadas, según los investigadores, con un clan familiar que llevaba años dedicándose a la distribución de drogas en la barriada pacense. Este lunes, esa treintena de detenidos se sentaban en el banquillo.
Desde la defensa, piden la nulidad de los autos que se dictaron para realizar las intervenciones telefónicas y algunos registros, de los que dicen, algunos se realizaron sin autorización ni la presencia de los acusados. Alegan indefensión material que, incluso, en algunos casos ha sido avalada en fase de instrucción por el Tribunal Constitucional. Esas peticiones de nulidad son importantes porque suponen las principales pruebas contra los acusados. La defensa, además, pide la absolución, alegando que no existe banda organizada ni pruebas contundentes. Algo que niega la Fiscalía que dice que todos los registros se hicieron de manera objetiva.
El Ministerio Fiscal, por su parte, acusa a los detenidos de tráfico de drogas, blanqueo de dinero y tenencia ilícita de armas, por ello piden penas que van desde los 6 hasta los 24 años de cárcel y el pago de indemnizaciones millonarias.
