El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha advertido que los delitos de agresión sexual cometidos por menores en la región han crecido un 160%, ya que han pasado de 26 en 2022 a 60 en 2023, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía que ha dado a conocer este lunes en el acto de Apertura del Año Judicial 2024-2025, que ha tenido lugar en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Cáceres.
Montero ha señalado que "es preocupante" el ascenso de los delitos contra la libertad sexual, que han crecido un 133,75% respecto a 2021 y un 58,47% si lo comparamos con 2022, aunque ha señalado que "estas cifras pueden resultar afectadas por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/22 que suprimió la distinción entre agresión y abuso sexual".
"Y aún es especialmente más escandaloso si nos referimos a menores de edad", ha resaltado en su discurso, en el que ha hecho hincapié en la necesidad de implementar medidas de control para navegar por Internet, ya que el acceso a la pornografía a edades tempranas puede estar detrás del aumento de este tipo de delitos.
Por ello, ha pedido el establecimiento de un sistema efectivo y riguroso de control de verificación de edad que impida a los menores acceder a determinados contenidos; y que se extienda el control parental en los dispositivos de acceso a Internet, ya que se estima que sólo el 13% de los padres implementan estas herramientas.
La regulación de la Inteligencia Artificial, que las plataformas digitales y los titulares de redes de comunicaciones se impliquen "sin reparos" en la erradicación de esta lacra social, y la prohibición de dispositivos móviles en colegios y escuelas, son otras de las medidas propuestas por la Fiscalía de Extremadura, para evitar casos como el ocurrido en Almendralejo en el que varios menores crearon y difundieron fotos falsas de chicas del municipio.
PROCEDIMIENTOS PENALES
En cuanto a otros datos ofrecidos por Montero, cabe destacar que lod procedimientos penales incoados indican en 2023 un ligero aumento de la delincuencia en la región. Las diligencias previas incoadas han sido 36.646, cantidad prácticamente idéntica a la de 2022 y un 12,06% superior a la del año 2021, mientras que las diligencias urgentes se han incrementado en un 21,43% respecto al año anterior, un total de 3.893.
Los procedimientos abreviados han disminuido un 9%, alcanzando la cifra de 3.326; los delitos leves han crecido un 21,4%; los sumarios y el tribunal del jurado han sido 63, subiendo un 41%. La suma total de procedimientos ha ascendido a 46.650 en 2023, frente a los 44.287 de 2022, lo que implica un crecimiento del 5,34%.
En cuanto al análisis cualitativo de estas cifras, Montero ha incidido en que los delitos contra la vida e integridad física se advierte un incremento constante de las lesiones dolosas, que subieron un 6,86% en 2023, cuando ya venían de un aumento de un 41,8% en 2022, hasta un total de 11.037 diligencias. Respecto a la violencia doméstica, se produce un aumento de un 14,41% comparado con 2022, hasta las 373 diligencias.
Las diligencias previas incoadas han llegado a 3.123 con una variación de un + 67 %; mientras que los escritos de acusación del Ministerio Fiscal han sido 1.449 (+ 29 %). Por último, Montero ha destacado que las sentencias dictadas en esta materia por los órganos judiciales de la comunidad han sido en un 92,93% condenatorias, y un 83,46% por conformidad entre las partes procesales.
SEGURIDAD VIAL
En relación a la seguridad vial se da la paradoja de que en Extremadura en el año 2023 aumentaron significativamente la cifra de fallecidos en siniestros de tráfico, mientras que disminuyeron los delitos contra la seguridad vial. Las personas que perdieron la vida en nuestras carreteras fueron 64, con un aumento de un 82,86% en comparación a 2022, "aunque cabe decir que este año 2024 las cifras están bajando ostensiblemente", ha señalado.
Sin embargo, los delitos contra la seguridad del tráfico han disminuido hasta 1.499 en 2023, frente a los 2.219 de 2022, un 32,45%; con incidencia significativa de los delitos de influencia del alcohol y las drogas (-35,42%) y en la conducción sin permiso habilitante (- 38,57%).
"Se puede concluir que hay menos infracciones y siniestros, pero los que se han producido son especialmente graves. Las principales causas de ellos son las ya conocidas: presencia de alcohol y/o drogas, velocidad excesiva y distracciones en la conducción", ha señalado Montero, que ha aplaudido las iniciativas de rebajar la tasa de alcohol permitida reglamentariamente en la conducción, ya que "el alcohol, en cualquier cantidad, debe estar ausente del tráfico rodado".
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS
La Memoria de la Fiscalía que ha dado a conocer contiene un apartado relativo a propuestas de modificaciones legislativas. Entre otras, las que se han sugerido por el ministerio fiscal en Extremadura son que se implemente un procedimiento rápido en la tramitación de los expedientes de reforma de los menores de edad, y la tipificación como delito autónomo de la suplantación de personalidad onlines.
Asimismo propone que se suprima el requisito de procedibilidad del artículo 191,1 del Código Penal que exige denuncia de la persona agraviada o querella del Fiscal para la persecución de los delitos sexuales, configurándolos como "perseguibles de oficio", además de la modificación de los Estatutos de Autonomía, "limitando los aforamientos exclusivamente a los hechos realizados en el ejercicio de sus cargos por parte de los aforados".
"No corren buenos tiempos para el desempeño de nuestras funciones. Se han convertido en moneda de uso corriente las presiones, descalificaciones, insultos, calumnias y los ataques a la independencia de jueces y fiscales; vertidos desde diferentes ámbitos de la vida política, jurídica, social e informativa de nuestro país", se ha lamentado el Fiscal Superior, que ha añadido que "no han tenido, tienen ni tendrán afecto alguno en nuestro actuar conforme a la ley".
En este sentido, Montero ha agradecido "profundamente" a las autoridades de Extremadura "el exquisito respeto que siempre han mostrado y muestran hacia la Administración de Justicia".
"Es necesario que la justicia sea considerada un servicio público esencial del Estado; que es imprescindible que se la aleje totalmente de la disputa política; que se respete escrupulosamente su independencia y sus resoluciones; que se promulguen normas procesales modernas y eficaces, y que se la dote de los medios humanos y materiales imprescindibles para el cumplimiento de sus funciones", ha concluido.
