Plantación de cava en Almendralejo
La esperanza ha durado poco más de dos meses. A finales de enero, el Tribunal Supremo daba la razón a la Junta de Extremadura en su batalla contra la limitación de las nuevas plantaciones de cava. El fallo señalaba que la decisión final no puede quedar en manos del Consejo Regulador, que está controlado por productores catalanes, sino que al incumbir a producciones de diferentes comunidades autónomas debía ser el Ministerio quien dictase el criterio.
Una ventana de oportunidad que la Junta aprovechó para solicitar al Gobierno que escuchase las posiciones de todas las regiones afectadas, que se declarasen nulas las restricciones de 2020, 2021 y 2022 y que se incrementase el número de hectáreas permitidas a los viñedos de Almendralejo.
Pero el ministerio de Agricultura no ha atendido ninguna de las tres peticiones y se ha limitado a iniciar de nuevo el proceso y asumir íntegramente el criterio del Consejo Regulador: sólo se autoriza 0,1 hectárea en 2020, 2021 y 2022. O lo que es lo mismo: se prohíben nuevas plantaciones.
La organización agraria La Unión ya ha anunciado que va a presentar un recurso de alzada contra esa resolución, que hoy publica el BOE.
