La jueza sigue viendo indicios de presuntos delitos en la contratación de David Azagra en la Diputación de Badajoz, aunque en su auto de ayer introduce nuevas conclusiones.
Una de ellas es que no percibe evidencias de que el hermano del presidente del Gobierno posea un patrimonio accionarial de 1,4 millones de euros.
La magistrada sí mantiene la existencia de indicios de criminalidad por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la forma en la que fue contratado, es decir, si el proceso fue limpio o hubo amaño.
El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que está tranquilo, respaldado por el PSOE federal y con más ganas que nunca para pelear por la secretaría general del partido en Extremadura.
También asegura que el informe de la UCO "muestra claramente que la Diputación de Badajoz ha cumplido estrictamente la legalidad".
"Detrás de todo este proceso, lo que hay es un intento linchamiento por parte de la ultraderecha y de la derecha de esta región"
En su auto de ayer la jueza reclama más documentación a la Diputación. Entre otra, el procedimiento por el que se modifica la relación de puestos de trabajo en la institución, y también los proyectos que presentaron los 11 candidatos al cargo que finalmente recayó en el hermano del presidente del Gobierno.
Gallardo apunta que "se puede estar de acuerdo en la creación de una plaza, sí o no, pero eso es una potestad de auto-organización de la propia administración".
