16 Enero 2024, 10:17
Actualizado 16 Enero 2024, 14:24

La Fiscalía pide dos años de cárcel para los dirigentes de penas de cárcel para la ejecutiva de CCOO Extremadura en 2013 por un supuesto fraude en los cursos formativos. Según el Ministerio público, el sindicato y una fundación no justificaron correctamente unos 490.000 euros. Entre los encausados está la actual secretaria regional, Encarna Chacón. 

Las penas que solicita la Fiscalía para la cúpula de CCOO en 2013 son de 2 años y medio de prisión y una multa de medio millón de euros para cada uno de los seis dirigentes del sindicato en esa época entre los que se encuentra la actual secretaria regional, Encarna Chacón; el que fue su antecesor en el cargo, Julián Carretero; o el secretario de formación, Miguel Coque, según informa en su edición el diario Hoy. 

El juicio podría celebrarse en pocos meses y se dirimiría si Comisiones y la fundación Forem, vinculada al sindicato, defraudaron unos 490.000 euros procedentes de una subvención destinada a cursos formativos para trabajadores empleados. Un dinero que según Fiscalía, se habría usado para pagar gastos corrientes de la central sindical. La denuncia la interpuso en 2015 el gobierno autonómico liderado por el popular, José Antonio Monago, y en su día se limitaba a la no justificación de 150.000 euros. La investigación habría detectado una cantidad tres veces mayor.

"Empecinamiento de la Fiscalía"

Ante la petición de penas de cárcel a la cúpula de CCOO Extremadura en 2013 por un supuesto fraude en cursos formativos, el sindicato responde que el caso sigue abierto por el empecinamiento de la Fiscalía y que el hipotético perjudicado, como sería la Junta de Extremadura, no lo entendió así y se apartó del procedimiento en 2020. El PP también se retiró en septiembre de 2023, según el sindicato.

Comisiones señala en un comunicado que desde hace 10 años se han hecho distintos peritajes y no se ha demostrado ninguna irregularidad. El sindicato concluye que este caso se mantiene activo por el empecinamiento de la Fiscalía, y quien pudiera haber sido perjudicado, ha comunicado que no lo ha sido, y no existe daño o perjuicio alguno que resarcir.

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