UPA-UCE ha expresado su sorpresa por las acusaciones de la Fiscalía horas después de conocerse el escrito de acusación del ministerio público, al que ha tenido acceso Extremadura Noticias. La organización agraria califica de 'infundadas' las pruebas y 'desorbitadas' las penas que se solicitan.
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA a nivel estatal, señala que el procedimiento para la gestión de las ayudas era similar al que utilizaban otras organizaciones agrarias y cooperativas.
En el comunicado, UPA-UCE acusa a la Fiscalía de ignorar "las pruebas, declaraciones testificales, periciales e informes aportados en el proceso de instrucción que corroboran la correcta actuación e inocencia de UPA-UCE, sus dirigentes y trabajadores" y apoyar su escrito de acusación únicamente en las "infundadas e inconsistentes actuaciones llevadas a cabo por la errónea y desacertada actuación del Equipo de la Guardia Civil encargado de la investigación".
Todo, con un objetivo: "justificar a destiempo la improcedente prisión incondicional a la que se sometió durante 3 meses y medio a los dos principales dirigentes de la organización".
Comunicado íntegro de UPA-UCE
"La organización agraria UPA-UCE Extremadura manifiesta su más absoluta sorpresa y rechazo al conjunto de delitos con los que Ministerio Fiscal acusa a los investigados en la denominada “Operación Tellus”, magnificados desorbitadamente por las condenas que reclama sin justificado soporte probatorio contra la organización, sus dirigentes y trabajadores.
En una primera valoración del escrito del fiscal, UPA-UCE considera que, en su escrito de acusación, “desprecia e ignora las contundentes e incuestionables pruebas que, mediante declaraciones testificales ante la Guardia Civil y el juzgado instructor, los informes emitidos por el Banco de España a través del Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), por los servicios de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como el material incautado e investigado en la propia sede de la organización, demuestran la correcta actuación de UPA-UCE Extremadura y la efectiva prestación del Servicio de Asesoramiento a los agricultores y ganaderos que fueron los efectivos beneficiarios de las subvenciones concedidas por la Junta de Extremadura”.
En opinión de UPA-UCE Extremadura, la única explicación posible al escrito de acusación del fiscal, tras lo probado durante la instrucción del caso, es la de tratar de justificar su improcedente y desorbitada solicitud, concedida por la magistrada instructora Fernández Arroyo, de mantener en prisión incondicional desde Noviembre de 2016 hasta febrero de 2017 a los dirigentes Ignacio Huertas y Maximiano Alcón.
Cabe recordar, señala UPA-UCE Extremadura, que como consecuencia de la investigación iniciada por la actuación del sindicato el Juzgado inició una pieza separada en la que se investigó a los servicios y funcionarios de la Junta de Extremadura encargados del procedimiento de selección de las entidades de asesoramiento a los agricultores y ganaderos, concesión, control e inspección de las subvenciones, que concluyó sin formular acusación alguna, validando de este modo las actuaciones realizadas desde la administración autonómica, desarrolladas en distintas legislaturas regidas por gobiernos de diferente color político.
Y es que, señalan desde UPA-UCE Extremadura, la actuación desarrollada por la organización, destinada a facilitar a agricultores y ganaderos el acceso a los servicios de asesoramiento en las condiciones económicas más favorables, sin incurrir en incumplimiento alguno con la normativa reguladora dictada por la Junta de Extremadura, fue idéntica o similar a la puesta en marcha por otras organizaciones agrarias o cooperativas extremeñas.
Resulta incomprensible, a juicio de UPA-UCE, que el fiscal ignore la relevancia que supone que la Junta de Extremadura, personada en la instrucción como supuesta principal perjudicada por la actuación del sindicato, se haya apartado del caso el pasado mes de noviembre tras el último auto dictado por la magistrada instructora, renunciando de esta forma a ejercer la acusación popular y, consecuentemente, reconociendo la inexistencia de perjuicio para la administración; es decir, la Junta de Extremadura, en tanto que supuesta administración perjudicada, no encuentra actuación del sindicato que suponga vulneración de las normas dictadas ni perjuicio para las arcas públicas.
Para UPA-UCE, la sucesión de acontecimientos tras esta conclusión es clara: sin fraude de subvenciones que perjudique a las arcas públicas no existe ni falsedad documental, ni blanqueo de capitales ni, menos aún, organización ni grupo criminal, como corroboran no solo el desistimiento de la acusación popular por la Administración sino el informe del SEPBLAC que, textualmente expresa: “En el presente supuesto, y a falta de una mayor evidencia documental, no podemos concluir que exista ningún tipo de evidencia sólida de incumplimiento de sus deberes en la normativa de prevención de blanqueo de capitales”.
UPA-UCE permanece, por tanto, convencida desde el primer momento de la corrección de sus actuaciones en cumplimiento de la normativa aplicable y de la inocencia de sus dirigentes y trabajadores, y dispuesta y deseosa de poner fin a esta pesadilla que dura ya más de cuatro años para reponer el buen nombre y restaurar el daño infringido a toda la gran familia de los pequeños y medianos agricultores extremeños y su organización más representativa".
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