La hostelería, el comercio y la cultura son considerados sectores prioritarios en las ayudas directas de la Junta de Extremadura para paliar los efectos de la pandemia en pymes y autónomos, con cuantías que van desde 3.000 hasta 15.000 euros en función del tamaño y actividad de la empresa.
El consejero de Economía, Rafael España, ha detallado en rueda de prensa el nuevo Decreto-Ley de Ayudas para la Reactivación Empresarial, aprobado en el último Consejo de Gobierno, que dedica un presupuesto global de 10 millones de euros, financiados con fondos FEDER, en ayudas de concesión directa y sin convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a partir de la entrada en vigor del decreto ley, que fue publicado el jueves 31 de diciembre, y podrán optar a estas ayudas las pymes y autónomos, con centro productivo en Extremadura y con independencia de su forma jurídica, que cuenten con al menos una plantilla equivalente a tres trabajadores asalariados a jornada completa o, por ejemplo, "seis trabajadores a jornada parcial".
Las cuantías de las ayudas son las siguientes:
- De 3 a 5 trabajadores, 3.000 euros
- De 6 a 20 trabajadores, 4.800 euros
- De 21 a 50 trabajadores, 8.000 euros
- Más de 51 trabajadores, 12.000 euros.
Estas cantidades se incrementarán en un 25 % si la empresa desarrolla una actividad económica prioritaria (fundamentalmente hostelería, comercio y actividades culturales), según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), en cuyo caso ascenderán a 3.750, 6.000, 10.000 y 15.000 euros, respectivamente.
Liquidez para sobrevivir a la crisis
El objetivo de estas ayudas es dotar de liquidez a las empresas que han visto afectada o interrumpida su actividad, con la consecuente "disminución de ingresos", a causa de "la contracción de la demanda" y "las limitaciones de aforo impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria", ha subrayado el consejero. Así, para poder ser beneficiarias, deberán acreditar (mediante los correspondientes modelos de IVA o IRPF) una caída de la facturación en los tres primeros trimestres del año de al menos un 50 por ciento inferior respecto al mismo periodo en 2019.
En el caso de que la empresa no pueda acreditar este descenso de los ingresos, de forma excepcional podrán ser beneficiarias las que hayan tramitado uno o varios expedientes de regulación temporal de empleo que hayan afectado "como mínimo al 50 % de las personas asalariadas que tenían a su cargo el día del inicio del estado de alarma, 14 de marzo, durante al menos cuatro meses siguientes" y en un período incluido "hasta el 30 de septiembre".
Rafael España ha explicado que quedan excluidas de estas ayudas las actividades comprendidas en las siguientes divisiones del CNAE: sección A, Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (que tienen "tratamiento específico" en otros programas); sección K, Actividades financieras y de seguros; sección O, Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria; y sección R en su división 92, Actividades de juegos de azar y apuestas. En su intervención, el titular de Economía ha destacado que estas ayudas directas son "complementarias" a las medidas ya desarrolladas por los Gobiernos central y autonómico durante la pandemia destinadas a facilitar el acceso a financiación bancaria y programas para impulsar el mantenimiento del empleo.
Además, el consejero ha indicado que la disposición final primera del decreto ley presentado este lunes contiene la modificación del decreto ley 9/2020, de 8 de mayo, en sus capítulos I y II, en el sentido de ampliar hasta "el 30 de junio de 2021" las subvenciones de la Sociedad de Garantía Recíproca de Avales y del programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-19. Por tanto, se amplía en seis meses el plazo para formalizar operaciones en el marco de "los programas de microcréditos circulantes covid y de avales de Extraval".
En su intervención, el titular de Economía ha subrayado el esfuerzo económico de la Junta para apoyar al tejido productivo durante la pandemia con una inversión que asciende a "127 millones de euros" distribuidos en distintos programas. Por otro lado, Rafael España ha informado de que concluye su etapa como consejero interino responsable en materia de trabajo y políticas de empleo al incorporarse de su baja por maternidad la consejera Esther Gutiérrez.
