El futuro de la planta fotovoltaica Nuñez de Balboa, en Usagre, está en el aire. Es la mayor de Europa en funcionamiento con una potencia instalada de 500 megawatios, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hace que se cuestione su continuidad.
La Justicia obliga a Iberdrola, propietaria de la planta, a devolver a un vecino de Usagre, Santos Lázaro Arias, más de 500 hectáreas que le fueron expropiadas para su construcción. Antes de la expropiación ya había un contrato de arrendamiento, por 25 años, que permitía a la empresa promotora actuar en esos terrenos. "Debemos reconocer el derecho a la devolución in natura, esto es, al reintegro de las fincas libres de la planta fotovoltaica con todas sus instalaciones, que es lo pretendido por la actora". Y es que el Alto Tribunal extremeño considera que no está justificada la expropiación en este caso. "Así las cosas, carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años. Es decir, la solicitud de expropiación carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad", recoge el texto legal, que llega a afirmar que la actuación de la promotora "es sorprendente. El despropósito no tiene nombre".
La sentencia relata que mientras buscaba la expropiación de las tierras, Iberdrola mantenía sus compromisos con el contrato de arrendamiento. "Pero no queda ahí el actuar de la promotora. Al mismo tiempo (el mismo día) que remite el burofax anterior, poniendo en conocimiento que ha comenzado la fecha de inicio del contrato de arrendamiento y que va a comenzar la construcción de la Planta, presenta solicitud en el registro general de la Delegación del Gobierno en Extremadura solicitando “se proceda a convocar las actas previas a la Ocupación que determina el artículo 52 de la LExF”, respecto de las fincas que relaciona, entre ellas las de la hoy actora, con el argumento de que no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre el justiprecio".
La abogada del demandante, Dorinda Aventín, ha celebrado la sentencia del alto tribunal extremeño. El auto, afirma la abogada, "reconoce la violación del derecho de propiedad" de su cliente. Aventín asegura que Iberdrola se ha valido de los poderes del Estado para conseguir una expropiación ilegal de los terrenos de su cliente. El auto, añade la abogada, también sanciona la actuación de las administraciones que hicieron posible esta expropiación y "a los funcionarios que la hicieron posible".
La sentencia critica además, y especialmente, la actuación de la Abogacía del Estado. "La Sala, en consecuencia, comparte los argumentos que al respecto hace la actora en su escrito de conclusiones contestando al desesperado intento de la Abogacía del Estado de evitar una nulidad del todo el proceso expropiatorio, que es palmaria por ausencia de justificación para haber acudido a la expropiación de las fincas".
La defensa también denuncia que, en la actualidad, la planta opera de manera "alegal". Así lo refleja, asegura, un decreto de alcaldía de Usagre, firmado el pasado verano -concretamente el 9 de agosto de 2021- en el que aseguraba el consistorio que Iberdrola tenía que cesar su actividad porque no tenía licencia.
Desde la compañía eléctrica han asegurado a Extremadura Noticias que la planta tiene sus documentos en regla y que seguirán operando, puesto que la sentencia no es firme. Y dan por hecho que recurrirán esta sentencia al Tribunal Supremo.
A pesar de los intentos de Canal Extremadura, desde el consistorio de Usagre no han realizado declaraciones.
La fotovoltaica Nuñez de Balboa ya está operativa
