Las calles de multitud de municipios de España han sido escenario de una protesta convocada por los sindicatos UGT y CCOO para denunciar lo que consideran un "uso oportunista de los derechos sociales" por parte de algunos grupos parlamentarios. Uno de los ejemplos ha sido la movilización que ha tenido lugar en Cáceres.
Estas manifestaciones se ha mantenido a pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para desglosar el decreto ómnibus y permitir la aprobación de medidas clave como la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte.
"Con los derechos de los trabajadores no se juega"
Desde los sindicatos han insistido en que estas movilizaciones buscan recordar a la clase política que los derechos sociales no pueden ser moneda de cambio en disputas partidistas.
"Con los derechos de la gente no se juega", ha subrayado Patro Sánchez, secretaria general de UGT en Extremadura. "Durante este proceso se ha jugado con la ciudadanía y con los derechos de los más vulnerables. El Parlamento español tiene que estar al servicio de la ciudadanía, no para intereses partidistas a corto plazo".
Por su parte, Encarna Chacón, secretaria general de CCOO en Extremadura, ha sido tajante al denunciar que el bloqueo inicial del decreto fue "la mayor agresión contra la mayoría social", asegurando que se trató de una maniobra de la derecha y la ultraderecha para "tumbar al Gobierno".
Exigen garantías para las pensiones y la jornada laboral
Entre las principales reclamaciones de los sindicatos se encuentra el mantenimiento de la subida de las pensiones, de la que dependen 224.000 extremeños, pero también la garantía de su financiación dentro del sistema público.
Asimismo, han advertido que seguirán atentos a la futura aprobación de la reducción de la jornada laboral y no descartan nuevas movilizaciones si consideran que los derechos de los trabajadores vuelven a estar en riesgo.
