Extremadura
13 Mayo 2022, 21:30
Actualizado 13 Mayo 2022, 21:30

Fin de la polémica: habrá bajas por menstruaciones dolorosas y las pagará la Seguridad Social. Lo anunciaba en tuiter a primera hora de tarde la Ministra de Igualdad, Irene Montero, tras días de polémica dentro y fuera del gobierno de coalición. "Vamos a reconocer por ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día", ha publicado Montero.

"Ante un nuevo avance en igualdad mi valoración siempre va a ser positiva, a pesar de que las letras pequeñas las tengamos que discutir", ha dicho preguntada al respecto Isabel Gil Rosiña, titular de Igualdad de la Junta de Extremadura. 

Finalmente, estas bajas no tendrán ni limite de duración (se habló en principio de 3 a 5 días) ni mínimo de días cotizados para disfrutarlas. Además, el Estado se hará cargo de sufragarlas desde el primer día y no a partir de los primeros 15 como ocurre con otras incapacidades temporales. "Evidentemente ahí sí estamos de acuerdo", dice Javier Peinado, secretario general de la Confederación Empresarial Extremeña. Pero allá califican el debate de innecesario porque "entendemos que cuando una mujer tiene una incapacidad transitoria para desarrollar su actividad laboral, sea por la causa que sea, se le está dando la baja médica", apunta Peinado.

Entre los sindicatos hay diferencia de opinión. UGT no está de acuerdo de ni con la forma ni con el fondo de la discusión. "Todas las cuestiones que puedan afectar a las relaciones laborales se deben abordar dentro del marco del diálogo social con los agentes sociales y económicos", subraya la secretaria de Igualdad, María José Ladera, que además señala a la posible vulneración que podría suponer para la intimidad de las trabajadoras. CC.OO. recibe, sin embargo, el anuncio con los brazos abiertos y aplauden el acuerdo alcanzado entre socialistas y morados. 

La nueva ley de Salud Sexual llega el próximo martes al Consejo de Ministros. La norma reconocería además el derecho a abortar sin consentimiento paterno de la menores de 16 años en adelante, la supresión del IVA en los productos de higiene íntima y la calificación de los vientres de alquiler como una forma de violencia sobre la mujer.

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