Desde ahora, los funcionarios serán sometidos a evaluaciones anuales de desempeño. En juego, ascensos o verse desplazados a otros puestos, pero nunca ser despedidos. De momento, solo afecta a empleados de la administración general.
Este ciclo de evaluación, que se ha consensuado con los sindicatos y es obligatorio, contempla tres entrevistas, que se harán en enero, junio y diciembre.
En la primera, se fijarán los objetivos y las competencias. En la de seguimiento, se valorará si los propósitos se están cumpliendo y en la final, se determinarán los logros. Y en base a esto, el funcionario podrá ascender y mejorar así su sueldo. O perder su puesto y verse relegado a otro.
CSIF pide objetividad
Unas pruebas que por ahora sólo afectan a los funcionarios dependientes del Estado y no a los de la Junta. Pero se prevé que acabe llegando también a ellos. Por eso, su sindicato mayoritario CSIF reclama objetividad en esas evaluaciones y velará, dicen, para que se hagan con las debidas garantías.
La Junta de Extremadura cree que esas evaluaciones son una oportunidad de mejorar la función pública, aunque no aclara si las aplicará ya en su ámbito de actuación. Y desde el funcionariado extremeño, cierta inquietud pero también comprensión ante la medida. Entienden que puede mejorar su manera de trabajar.
Esta medida forma parte de la nueva Ley de la Función Pública que aprobó el Gobierno en marzo y que también recoge nuevos sistemas de acceso o mejorar la planificación de los recursos humanos.
