La Unión Europea establece que la tasa de interinos de las administraciones públicas debe estar por debajo 8%, una proporción que nuestro país rebasa con creces, el Gobierno estima que son unos 300 mil mientras que otras fuentes elevan esa cifra hasta los 800.000. La norma aprobada en el Congreso el pasado 29 de diciembre obliga a ofertar antes del 1 de junio todas las plazas temporales actualmente ocupadas para culminar su consolidación en 2024. El problema está en cómo se llevará a cabo ese proceso.
La Plataforma de Defensa de Derechos del Turno Libre, que agrupa a más de 3.000 opositores en todo el país, considera que esta ley va a permitir que los interinos que lleven más de cinco años en su puesto obtengan su plaza sin presentarse a una oposición, algo que consideran inconstitucional. Según uno de sus miembros, José Agudo, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que las plazas de los interinos "o se convocan a concurso público o se amortizan", por ello, no comparte la redacción de la norma recién aprobada que, a su juicio, va a permitir "regalar las plazas a quienes ya las ocupan impidiendo acceder a ellas miles de opositores". Como forma de protesta piensan concentrarse el próximo sábado a las 12 del mediodía frente a la casa del Presidente de la Junta en Mérida.
No comparten esa visión desde la Plataforma de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura, Piltex. Su presidenta, Marisa Galán, insiste en que los interinos "ya pasaron un proceso de selección" y son también víctimas de la falta de convocatoria de plazas por parte de las distintas administraciones.
A su juicio, con este proceso, lo que se debe hacer es "reparar el abuso cometido por los diferentes Gobiernos a lo largo del tiempo", por ello, ve justo que en este proceso de consolidación se le dé una gran importancia al concurso de méritos pero "bien hecho".
Ahora cada administración (Estado, Comunidades, Ayuntamientos) deberá concretar cómo será esa consolidación. Desde CSIF, su presidente regional, Benito Román, indica que la ley aprobada en diciembre "no se parece a la que los tres sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CSIF) pactaron con el ministro Iceta en julio" y por ello no se responsabiliza de su redacción actual, aunque reconoce que están ya a la espera de empezar a negociar esas condiciones en las que intentarán que prevalezca, sobre todo, "la seguridad jurídica, tanto de los opositores como de los compañeros que realizan su labor en condiciones de interinidad".
Se calcula que en Extremadura hay más 30.000 interinos y temporales pendientes de este proceso.
