Extremadura fue de las comunidades donde primero se vacunó al personal de las residencias. En la mayoría de los casos, no se lo pensaron dos veces. A día de hoy, 144 trabajadores socio-sanitarios del ámbito público y privado, no han recibido esa vacuna, frente a 19.520 que tienen la pauta completa.
Según los datos ofrecidos por el SEPAD, esto supone un 0,73% de rechazo. Una cifra mínima que no preocupa a la administración, que no se plantea apartar a esos trabajadores de sus funciones, tal como ha propuesto el consejo interterritorial a las comunidades autónomas.
Es el caso de la Residencia "Los Olivos", en Mérida, donde solo 1 de sus 52 trabajadores no está vacunado.
Según su subdirectora, Vanesa Simón, no pueden obligarlo y cumple perfectamente con sus labores y las medidas de seguridad. Y para reforzar la vigilancia en esta quinta ola de la pandemia, hacen test de antígenos a todos los trabajadores cada 14 días. Y en el caso del no vacunado, una PCR.
La Asociación de Residencias privadas de Extremadura cree que se debería ser más contundente
Desde ASOREX, la asociación extremeña de residencias privadas, aseguran que el Consejo Interterritorial debía haber sido más contundente, y no ve una solución en el cambio de funciones. En primer lugar, dice su presidente, Juan Manuel Morales, porque la ley laboral española no lo permite y segundo, porque es imposible no tener contacto con los residentes.
No obstante, incide en la necesidad de seguir concienciando sobre los beneficios de la vacuna para este sector vulnerable, y apunta que Extremadura está siendo ejemplar en la responsabilidad que ha supuesto la vacuna.
Además insisten en pedir test de serología en estos centros para medir el nivel de inmunidad en estos centros.
El SES y el SEPAD hacen pruebas a los trabajadores
Desde la administración autonómica insisten en que el protocolo que siguen a día de hoy contempla ya los test de antígenos periódicos al personal y pruebas PCR a la vuelta de permisos y vacaciones.
