La Fiscalía ha pedido una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Usagre, Antonio Luna, y la exteniente de alcalde, María Dolores Esteban, por dos delitos de prevaricación administrativa en la concesión de la licencia urbanística a la planta fotovoltaica instalada en el término municipal.
Además, en su escrito de acusación, la fiscal solicita 21 meses de cárcel y una multa de 2.700 euros para el administrador de la empresa responsable, Proyecto Núñez de Balboa, por un delito de falsedad en documento oficial.
Este administrador, según se recoge en la calificación fiscal, solicitó al ayuntamiento la concesión de la licencia urbanística mediante la oportuna declaración responsable, siendo "plenamente conocedor de que lo manifestado no se ajustaba a la realidad, por carecer en dicho momento de todas las autorizaciones y concesiones respectivas", indica la Fiscalía en nota de prensa.
La secretaria-interventora del ayuntamiento se percató de que no se habían presentado todas las autorizaciones y permisos necesarios, y requirió a la empresa para que los aportara. Al no cumplir el requerimiento, la secretaria emitió informe en el que instaba a la revisión de oficio del expediente, según relata la fiscal en su escrito. No obstante, Luna, que sigue como concejal en la oposición, al igual que Esteban, resolvió conceder la licencia en junio de 2018, "siendo plenamente consciente de que su actuación menoscababa el correcto ejercicio de la función pública y motivado por el objeto de evitar que la planta fotovoltaica desempeñara su actividad en otro municipio".
Todo ello a pesar de que el entonces alcalde era "absolutamente conocedor de que no se habían obtenido las autorizaciones y concesiones respectivas", según indica la Fiscalía.
Suspensión del permiso
Tras otro informe desfavorable de Secretaría, el exprimer edil resolvió suspender la concesión del permiso, una suspensión de los efectos de la licencia que, según el escrito de acusación, "es una ficción jurídica, absolutamente inexistente en el ordenamiento jurídico, que únicamente respondía al propósito deliberado e injusto de Antonio Luna de evitar, por todos los medios, la revisión de oficio del expediente".
En otro dictamen de 4 de octubre de 2018, la secretaria-interventora volvió a informar de manera desfavorable la concesión de licencia urbanística.
"Una vez obtenido dicho asesoramiento jurídico, Antonio Luna hizo constar, por primera vez durante la tramitación del expediente, que él mismo podría tener un interés particular en el levantamiento de la suspensión de la licencia por discurrir las líneas de evacuación de la fotovoltaica por sus terrenos", determina la Fiscalía en su acusación.
Fue entonces cuando el acusado delegó en la primera teniente de alcalde, la acusada María Dolores Esteban, la adopción del acuerdo de mantener o suspender los efectos de la licencia urbanística. María Dolores Esteban resolvió "con el mismo ánimo de perturbar el buen funcionamiento de la función pública", y "en su condición de Alcaldesa-Delegada", alzar la suspensión de los efectos de la licencia urbanística" para la construcción de la instalación fotovoltaica.
El Ministerio Público incide en que "esta decisión de la acusada revistió de especial gravedad al hacerse constar, en su decreto suscrito, que siguen faltando los permisos y las autorizaciones".
Este procedimiento, instruido en el juzgado número 1 de Llerena, se inició por el Ministerio Fiscal previa denuncia comunicada por parte de la sociedad mercantil Natura Manager, propietaria de la mayor parte de los terrenos afectados por la planta fotovoltaica.
