La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha avisado este martes al PSOE de que la central nuclear de Almaraz "debe cerrar" en 2027 aunque las compañías Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan mostrado recientemente su "disposición" a prorrogar su vida útil.

Las energéticas propietarias de la planta nuclear remitieron el pasado viernes una carta al Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen para mostrar su deseo de alargar la vida útil de Almaraz.

En la Cámara Baja, Martínez Barbero ha aseverado que al margen de esa propuesta de las energéticas, el calendario de cierre nuclear en España hasta 2035 prevé la clausura de la central de Almaraz dentro de dos años y este "debe cumplirse" porque forma parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

Además, la portavoz del grupo plurinacional ha hecho hincapié en que la decisión de echar el cierre a la actividad nuclear en España está respaldada científicamente y es necesario caminar hacia la "necesaria" y "obligada" transición energética.

Está en el acuerdo de Gobierno

"Almaraz debe cerrar en 2027 porque el cierre de las centrales nucleares forma parte del acuerdo de gobierno y ha de cumplirse y porque el calendario de cierre de las centrales nucleares es una decisión técnica, económica y política absolutamente justificada y respaldada científicamente", ha enfatizado la diputada.

Por último, Barbero ha remarcado que ese plan de cierre nuclear tiene que ir acompañado de medidas por parte de la administración pública para generar empleos "verdes" y "sostenibles" en los lugares donde se ubican las centrales.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que la decisión de ampliar la vida útil de la central nuclear de Almaraz y posponer su cierre hasta 2030 ya "depende únicamente" del Gobierno.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros del año, Galán ha considerado que no hay limitaciones técnicas para esa continuidad de Almaraz, por lo que "ahora depende únicamente de la decisión que pueda tomar el Gobierno", ha dicho.

"Socialmente hay una demanda, económicamente es la mejor solución, en lo que se refiere al funcionamiento del sistema, se necesita para mantener el servicio en pleno funcionamiento. Entonces yo creo que corresponde a la política energética del Gobierno, y ellos tienen que tomar la decisión y explicarán las consecuencias", ha añadido al respecto.

Corriente a favor

En este sentido, el directivo ha estimado que en los últimos tiempos hay una corriente, tanto de diferentes partidos políticos como de la sociedad civil, pidiendo que se mantengan en funcionamiento las centrales nucleares, tanto "por responsabilidad social como porque es necesaria esta energía para mantener las luces encendidas en el país, proporcionando un servicio seguro y barato".

Por ello, ha subrayado que los tres propietarios en Almaraz -Iberdrola, el principal con un 53%; seguido de Endesa, con el 36%, y Naturgy, con el 11%- "han pedido al Gobierno que dé continuidad a la central".

"Las nucleares son seguras y son necesarias, y yo creo que se necesitan mucho más que antes, incluso para poder evitar posibles apagones o posibles problemas que puedan afectar al servicio", ha añadido al respecto, apuntando que los dos reactores de Almaraz podrían funcionar hasta 2030 "sin tener que pedir ningún tipo de licencia nacional o internacional para seguir".

El protocolo de cierre que alcanzaron en 2019 las empresas propietarias con Enresa fijó un calendario para clausurar el parque nuclear entre 2027 -con el inicio por el primer reactor de Almaraz- y 2035.

El acusado del incendio en el estadio José Pache de Badajoz, un okupa que provocó heridas a otros dos okupas, ha sido condenado a 14 años de prisión y deberá cumplir la pena en un centro penitenciario psiquiátrico, tras aplicarse la eximente incompleta de enfermedad mental.

La sentencia, dictada por conformidad entre las partes, reduce la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba 24 años por dos intentos de asesinato y un delito de incendio. Además, el tribunal ha impuesto trece años de prohibición de acercarse a las víctimas y otros seis años de libertad vigilada tras cumplir la pena.

Los hechos sucedieron el 10 de diciembre de 2023. El hombre prendió fuego a la habitación donde dormían dos compañeros en el viejo estadio José Pache, en la habitación de al lado.