El XIX Congreso de CERMIS Autonómicos ha arrancado en Mérida con una declaración compartida de compromiso y futuro con el objetivo de construir una alianza ibérica por la discapacidad, capaz de fortalecer los derechos, las políticas públicas y la cooperación social entre España y Portugal.
El encuentro, organizado por el CERMI Estatal y el CERMI Extremadura, coincide con el 25 aniversario del movimiento CERMI y reúne durante dos jornadas a representantes autonómicos, responsables institucionales y delegaciones del movimiento social portugués.
La inauguración, en el Centro Cultural Santo Domingo de Fundación CB, ha corrido a cargo de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto Carrasco, quien ha felicitado al CERMI Extremadura por sus 25 años de trayectoria y su "labor incansable al servicio de las personas con discapacidad y sus familias".
Por su parte, el presidente del CERMI Extremadura, Pedro Calderón, ha resaltado la importancia simbólica de celebrar este encuentro por primera vez en la región, y ha recordado que este congreso "representa 25 años de unidad, de construcción y de avance", si bien ha subrayado que "aún quedan barreras por superar, especialmente en el ámbito de la discapacidad cognitiva".
Calderón defendió que la accesibilidad no es un lujo, sino un derecho y una condición para la igualdad, y ha apuntó que "cajeros automáticos, páginas web, aplicaciones móviles y servicios digitales deben ser accesibles para todas las personas".
Pacto de Mérida
En su intervención, ha presentado la propuesta del 'Pacto de Mérida', una hoja de ruta que marcará la acción futura del movimiento CERMI en Extremadura y que incluye una agenda transfronteriza de cooperación ibérica.
"El avance normativo solo vendrá de la mano de las propias personas con discapacidad", ha asegurado, dedicando el congreso a la memoria de Eva Pérez (COCEMFE), Óscar Moral y Modesto Díez Solís (FEDER).
"Queremos que Mérida sea recordada como un punto de inflexión, por las decisiones valientes que aquí se tomen, porque la discapacidad es una oportunidad para construir una sociedad más democrática y justa".
A su vez, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha celebrado que Mérida se haya convertido en "la capital de la discapacidad", al tiempo que ha defendido que el movimiento CERMI "no se reúne solo para compartir, sino para reforzar una agenda común, con independencia de las competencias autonómicas".
Sostiene además España es un país descentralizado, pero la discapacidad tiene un "lenguaje común" y que "más allá de las fronteras administrativas, todas las personas con discapacidad comparten una misma causa, una misma urgencia y esperanza".
Alianza Ibérica
Pérez Bueno ha abogado por un auténtico espacio ibérico de la discapacidad, donde "la frontera no sea un foso, sino un puente de cooperación, como el Tajo o el Guadiana, que fluyen sin conocer límites".
De esta forma, este congreso "siembra la semilla para que en el futuro exista un verdadero marco ibérico de derechos y políticas inclusivas entre España y Portugal", ha indicado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de dotar de recursos y compromisos reales a las políticas de inclusión:
"No bastan las declaraciones ni las palabras amables. Las políticas de discapacidad deben venir acompañadas de presupuesto, evaluación y rendición de cuentas. Solo así transformaremos la vida cotidiana de las personas con discapacidad".
Por su parte, la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Teresa Angulo Romero, ha destacado que este congreso "llega en un momento simbólico, de diálogo, de propuestas y de compromiso".
También ha subrayado la voluntad del Gobierno extremeño de "seguir trabajando por la dignidad de más de 100.000 extremeños que viven con alguna discapacidad" y ha recalcado que "la discapacidad debe estar en el centro de las políticas públicas".
Por su parte, la cónsul general de Portugal en Sevilla, Cláudia Boesch, ha abogado por una cooperación más estrecha entre ambos países: "Queremos que, independientemente del lugar donde nazcan, las personas con discapacidad puedan acceder a los mismos servicios y oportunidades".
Durante su intervención, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha subrayado el compromiso de la institución provincial con las políticas inclusivas. "Creemos firmemente en la necesidad de construir un futuro común que no deje a nadie atrás, especialmente a las personas con discapacidad y a sus familias".
Del Puerto ha puesto en valor las políticas sociales de la diputación, que este año ha destinado más de 4 millones de euros a programas y subvenciones en materia de acción social, la mayoría dirigidos a colectivos del CERMI.
Entre las actuaciones impulsadas ha mencionado los programas de vida en entornos inclusivos, la adaptación de taxis para personas con movilidad reducida o las subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados, con ayudas de hasta 40.000 euros por entidad.
Asimismo, ha anunciado que el presupuesto provincial de 2026 reforzará el carácter social de la institución: "Queremos una provincia más sostenible, dinámica, en red e igualitaria", ha dicho.
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha abogado por que "en todos los presupuestos de cada una de las administraciones haya dinero para que las personas con discapacidad tengan igualdad de condiciones en todos los ámbitos".
Para Morales, "hay que solventar definitivamente" la financiación y los recursos para que las asociaciones y colectivos que trabajan en el ámbito de la discapacidad "no dependan exclusivamente de la buena voluntad y del trabajo y buen hacer de familiares o voluntarios".
En este sentido, ha apuntado que en la Diputación de Cáceres siguen "empeñados y trabajando por garantizar la vida en igualdad de condiciones" de las personas con discapacidad en los municipios, y con este fin impulsan el Plan Integra, para la contratación de personas con discapacidad en los ayuntamientos y entidades locales.
También se aumenta la partida de este próximo año, llegando a 3,5 millones de euros, con destino al ámbito de la discapacidad "y poder llegar más a las asociaciones".
La directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez Lavado, ha sido la encargada de abrir el turno de ponencias, en la que destacó el compromiso de la región con la Convención de Naciones Unidas y la protección plena de los derechos de las personas con discapacidad.
Ha subrayado que Extremadura ha hecho de la atención temprana y la habilitación funcional "servicios públicos universales y gratuitos, únicos en España", y que estos recursos, prestados mayoritariamente por entidades sociales sin ánimo de lucro, son "una herramienta preventiva y de desarrollo que garantiza la autonomía y la igualdad desde la infancia hasta la edad adulta".
La jornada ha continuado con la intervención del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, quien ha destacado la necesidad de que la agenda de la discapacidad impregne las Administraciones locales.
También ha apelado a "una democracia inclusiva en la que nuestras voces estén en el centro del debate y de la toma de decisiones". Recordó que el artículo 49 de la Constitución consagra a las personas con discapacidad como "sujetos de todos los derechos humanos" y subraya que no se puede "ceder al ruido, porque la inclusión solo cobra sentido cuando se traduce en mejoras reales en la vida de la gente".
