La consejería de Sanidad, los colegios de médicos y el sindicato Simex rechazan el estatuto marco que plantea el ministerio de Sanidad para regular las condiciones laborales de los profesionales porque no se ajusta a sus necesidades.  

El Sindicato Médico de Extremadura habla de pocos avances en las conversaciones para llegar a un acuerdo porque “son negociaciones forzadas”, explica la secretaria general de Simex, María José Rodríguez. Piensan que sus reivindicaciones son singulares y, por lo tanto, necesitan tener voz propia en dichas negociaciones. “Queremos hablar de nuestros derechos directamente”, sostiene Rodríguez. 

La misma línea sigue el Colegio de Médicos de Badajoz. “Hablamos de jornada laboral de 35 horas, de médicos con tiempo para conciliar, descansar y aprender”, explica su presidente, Pedro Hidalgo, quien cree que la nueva norma puede hacer que los profesionales “utilicen la fuga hacia el extranjero o la sanidad privada como un sistema de mejora”. 

Sin apoyos

La Junta de Extremadura, a través de su consejería de Sanidad, también rechaza la propuesta. “Nunca antes ha habido tanta indignación contra el ministerio de Sanidad”, explica la consejera, Sara García Espada. Cree, además, que la ministra, Mónica García, se ha quedado sin respaldo. “El Gobierno central no apoya a la ministra ni a su estatuto marco”. 

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz han convocado una marcha en Madrid para el 15 de noviembre y cuatro días de huelga continuada los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, como muestra del rechazo unánime del colectivo a la propuesta del Ministerio. 

La cuenta atrás ha comenzado para una de las decisiones más relevantes en el futuro energético de Extremadura. El próximo martes, Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central nuclear de Almaraz, se reunirán para decidir si solicitan una prórroga que permita mantener operativa la planta más allá de 2027, fecha prevista para su cierre.

Hasta ahora, las discrepancias entre las compañías han impedido avanzar en una decisión conjunta, pero el tiempo apremia y el encuentro se considera clave para definir el rumbo de la instalación.

La Junta pide al gobierno que evite el cierre de la central. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, señala que si no se modifica el DOE, donde está publicada la fecha de cierre de la central, "no hay posibilidad de tramitar nada". Y esa modificación, recuerda el consejero, "sólo se puede hacer si el gobierno se compromete a tratar a Extremadura como está tratando a Cataluña".

El MITECO estudiará la propuesta con condiciones

Por su parte, Ministerio de Transición Ecológica ha señalado a Extremadura Noticias que está dispuesto a estudiar una propuesta formal de todas las empresas implicadas siempre que cumpla con tres condiciones: que haya seguridad para las personas desde un punto de vista radiológico, que se garantice la seguridad de suministro de energía y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. "Estas tres líneas rojas no han variado desde que el Presidente del Gobierno las anunciara en las Cortes", ha explicado el MITECO. 

Valoraciones políticas

En el plano político, el debate también está encendido. El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha mostrado favorable a la prórroga si las eléctricas la solicitan, pero ha advertido que no aceptará que se haga a costa de la fiscalidad regional, en referencia a la rebaja de la 'ecotasa' propuesta por el Gobierno de María Guardiola. “No vamos a permitir que se reduzcan impuestos a empresas con beneficios millonarios mientras no se equiparan los salarios de los maestros”, ha afirmado.

Por su parte, el PP defiende la rebaja fiscal como vía para facilitar la continuidad de la central y acusa al Gobierno central de discriminar a Extremadura frente a otras comunidades.

Desde Vox, el portavoz Óscar Fernández Calle ha reiterado su apoyo a la energía nuclear y ha deseado que la prórroga se materialice. Además, ha criticado duramente a Gallardo por ofrecerse como mediador, calificando su propuesta de “absolutamente de risa” y pidiendo su dimisión.

En cambio, Unidas por Extremadura considera más probable el desmantelamiento de la planta que su continuidad, mostrando su rechazo a prolongar la actividad nuclear en la región.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha subrayado este viernes que la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, "no tiene ningún interés" en hablar con su formación sobre los Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 (PGEx) porque está "forzando" ir a elecciones.

"Queríamos que se tuvieran en cuenta nuestras propuestas, que se hablase, negociar. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero, evidentemente, nos hemos dado con un muro porque el objetivo del PP es ir a elecciones", ha considerado el portavoz en declaraciones a los medios en Mérida, tras registrar una propuesta de impulso y otra de pronunciamiento, en materia de vivienda, en la Asamblea.

Recordando que su formación presentó doscientas propuestas en aras de impulsar un "cambio político" en la región, Fernández Calle ha criticado que la respuesta del Gobierno autonómico haya sido, a su juicio, de "absoluto desprecio" e, incluso, con "algunas declaraciones de insulto".

A renglón seguido, el portavoz ha afeado que en los PGEx presentados por la Junta este pasado jueves no solo no se haya incorporado "nada" de lo propuesto por Vox, sino que "ni siquiera" se les ha llamado.

Enmienda a la totalidad

Interrogado sobre la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad, el portavoz ha señalado que los cinco diputados de su formación se reunirán y adoptarán una decisión sobre lo que van a hacer, una decisión que, ha remarcado, "todavía" no tienen tomada.

Propuestas sobre vivienda

Con relación a las propuestas registradas este viernes en la Asamblea por parte del Grupo Parlamentario Vox en esa cámara extremeña, cabe señalar que por medio de ambas la formación ha abogado por una rebaja "masiva" de impuestos sobre la vivienda a fin de facilitar el acceso a la misma, especialmente entre los jóvenes y familias.

En concreto, Vox ha pedido a la Junta de Extremadura una bajada "hasta los límites legales" del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), bonificar las transmisiones patrimoniales, ampliar las deducciones en el IRPF y eliminar las "trabas burocráticas que impiden la construcción de vivienda protegida".

A su vez, a través de una propuesta de pronunciamiento, la formación ha reclamado al Ejecutivo central una "reforma nacional profunda", con la reducción del IVA de la vivienda al tipo superreducido, la eliminación de los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, la recuperación de deducciones fiscales por compra o alquiler, y la "movilización" de suelo público para vivienda asequible, garantizando la "prioridad nacional" frente a la "especulación y la inmigración descontrolada".