El Ejecutivo central se ha comprometido a reforzar varias subestaciones para cubrir las necesidades de los proyectos industriales que demandan más potencia. Proyectos vinculados con el coche eléctrico, con el hidrógeno verde, de la industria alimentaria o de centros de datos.

En una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Energía se han compartido también las novedades que se han dado desde las propuestas que mandó Extremadura en mayo del año pasado para la planificación eléctrica. Hay nuevas necesidades que han surgido en los últimos meses por los nuevos proyectos de la empresa Envision y del Espacio Navalmoral y el ministerio se ha comprometido a estudiarlos para construir una nueva subestación que dé capacidad a este desarrollo industrial. 

Jon Groizard, secretario General de Energía, señala: “Lo que nos hemos comprometido por su puesto es en analizar todos esos proyectos para que este planificación dé respuesta a todas las necesidades industriales de la región”. Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo sostenible de la Junta, Mercedes Morán, ha afirmado que “En principio se han atendido un porcentaje bastante elevado de las peticiones que habíamos hecho. Hay una nueva subestación en Los Santos de Maimona y el aumento de capacidad de algunas otras subestaciones”.
 

La sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la Ronda del Pilar de Badajoz ha incorporado un Punto Violeta, que se ofrece como un espacio "seguro, accesible y visible", donde las víctimas de violencia de género pueden encontrar apoyo, información sobre sus derechos y orientación para acceder a los recursos.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este jueves, día 25, este Punto Violeta en el INSS, que ha definido como "un sitio clave" porque hay muchas ayudas referidas a mujeres víctimas de violencia de género, por lo que la preparación y la atención en este edificio es "muy importante" y para ello se ha llevado a cabo un curso en el que se han formado tres funcionarios.

De este modo, los trabajadores están "perfectamente" preparados para atender a las víctimas de violencia de género que puedan acercarse a este Punto Violeta, con los que se busca una sensibilización ante una "lacra social" como es la violencia de género.

Quintana ha agradecido la implicación de los funcionarios de la Administración General del Estado con esta iniciativa, que "no se queda solamente aquí", sino que en los ocho centros de este instituto en la provincia también quieren poner estos puntos, ha avanzado.

Puntos violeta en Hacienda o Muface

Cabe destacar que junto al del INSS en la ciudad de Badajoz, también cuentan con Puntos Violeta la Agencia Tributaria en las dos provincias,; las delegaciones de Hacienda de la Administración General del Estado o el INSS de Cáceres; como también hay en los servicios de Muface, como el que ha visitado a continuación el delegado en la capital pacense.

Por su parte, el subdirector de Información Administrativa de la Dirección Provincial del INSS de Badajoz y responsable de los centros de atención, Antonio Nogales, ha explicado que se cuenta con una red local de centros de atención e información de la Seguridad Social, ocho comarcales y uno urbano como el de la capital pacense, y que junto a la relación entre las prestaciones existentes y las atenciones especiales que implica una sentencia de una víctima de violencia de género, también se da "esa parte también humana de mucha gente atendida aquí cada día".

Ciudadanos que acuden por temas generalmente relacionados con la solicitud de una prestación, ha apuntado, junto con, a través de estos Puntos Violeta, se permite informar sobre los cauces previstos para que las víctimas sean atendidas de la mano de los 'informadores', que son los trabajadores que se han formado específicamente para poder ayudar a esas mujeres, tres en concreto que participan de forma voluntaria.

Pulseras antimaltrato

En relación a la violencia de género y tras las declaraciones realizadas este miércoles por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en la región, María Félix Tena, sobre fallos detectados en las pulseras antimaltrato, José Luis Quintana ha expuesto que "los fallos en Extremadura son absolutamente puntuales" y que un caso concreto es el que se produce con la frontera con Portugal, algo que "nos pasa en nuestros propios teléfonos".

"Recibimos un mensaje de que hemos ido a Portugal cuando no hemos salido de España. Entonces, los fallos son puntuales. Lo que sí puedo decir es que, primero, no es el único medio que tenemos para ayudar a las víctimas, la pulsera", ha remarcado, para señalar en segundo lugar que "no se ha generado ni un solo problema por los fallos que haya tenido en este momento de funcionamiento".

Y es que, como ha incidido, "los fallos son puntuales y en Extremadura no ha habido ni un solo problema que se haya provocado porque haya un fallo en las pulseras", respecto a las cuales ha concretado que son 96 las víctimas de violencia de género que cuentan con las mismas, en torno a 79 en Badajoz y unas 17 en Cáceres y que funcionan "con absoluta normalidad".

Respecto a este tipo de violencia y cómo ayudar ante un caso, Quintana ha insistido en la colaboración del entorno, que "tiene que pensar que la mejor forma de ayudar a la víctima cuando conoce un caso de violencia de género es denunciarlo", con lo que se le está defendiendo. Finalmente, ha destacado que este año se han registrado dos muertes por violencia de género en Extremadura.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto este jueves la consulta pública del real decreto que regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos sobre la actividad agraria por los grandes incendios de este verano.

La consulta permanecerá abierta hasta el 3 de octubre, según ha informado el departamento que dirige Luis Planas.

En concreto, el real decreto contempla, en aquellas zonas gravemente afectadas que superen las 500 hectáreas quemadas, dos líneas de ayuda: compensación de rentas a explotaciones agrarias y ayuda complementaria al seguro agrario.

Las ayudas directas se concederán a todas las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad que tengan ingresos agrarios declarados y sean titulares de explotaciones registradas en las zonas afectadas, y su importe se calculará en función de los ingresos declarados, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros por beneficiario, excepto para quienes dispongan de seguros agrarios y hayan sufrido daños indemnizables, donde la ayuda mínima se eleva a 6.000 euros.

Por su parte, la ayuda complementaria al seguro incrementa la subvención de la prima hasta el 70% del coste, el máximo que permite la normativa europea, y podrá concederse a todos los titulares de pólizas de seguro agrario combinado en líneas agrícolas y ganaderas con cobertura frente a accidentes y enfermedades, así como en la línea de retirada y destrucción de animales muertos.

Las ayudas se tramitarán de oficio, a partir de los datos ya obrantes en la administración, sin necesidad de que los interesados presenten solicitud ni documentación adicional, aunque podrán renunciar si lo estiman oportuno.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se prevé que las ayudas, compatibles con las indemnizaciones del seguro agrario, las medidas de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España, se concedan y abonen antes del 31 de diciembre de 2025.

Los incendios de este verano han sido "los más graves desde que existen registros", según el Ministerio, con más de 370.000 hectáreas calcinadas, cerca de 30.000 de ellas de tierras de cultivo, y alrededor de 3.000 explotaciones ganaderas afectadas, de las cuales 2.000 tenían pastos, por lo que objetivo de estas ayudas es "contribuir a la viabilidad de las explotaciones agrarias y al mantenimiento de la actividad en el medio rural".

La Guardia Civil ha intervenido casi 8.000 artificios pirotécnicos y unos 100 artículos supuestamente falsificados que estaban expuestos para su venta ilegal en un establecimiento comercial de la localidad pacense de Fuentes de León.

La actuación tuvo lugar la pasada semana, cuando la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Olivenza inspeccionó un comercio de Fuentes de León, en el que hallaron expuestas para su venta ilegal 7.949 unidades de material pirotécnico de diversas categorías, de las que su propietario no tenía autorización para la comercialización.

Además de los artificios pirotécnicos, también se exponían juguetes sin pasar registros sanitarios de seguridad industrial conforme a la legislación europea existente, en cuanto a marcado y etiquetado se refiere para la seguridad de los menores de 12 años, así como prendas de supuestas imitaciones de conocidas marcas registradas, de los que el propietario no pudo acreditar su legítima procedencia.

Por todo ello, se intervino todo el género que, una vez analizado, se pudo comprobar que se trataba de "fieles reproducciones de marcas originales".

Ante los citados hechos, el propietario del establecimiento, un vecino de Fuentes de León, ha sido propuesto para sanción por infracciones graves tanto al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, como a lo relativo a Seguridad Industrial y Propiedad Industrial.

Tras esta actuación, la Guardia Civil recomienda la adquisición de pirotecnia en puntos de venta autorizados, ya que de esta forma se evita cualquier tipo de peligro al contar estas instalaciones con las condiciones idóneas de comercialización, recordando que está prohibida su venta ambulante.

Advierte además de que los artificios pirotécnicos conocidos popularmente como petardos y cohetes en las manos de los más pequeños, "pueden llegar a producir heridas de distinta consideración, amputaciones, pérdida de visión y audición".

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha cifrado en 76 millones de euros las pérdidas para los productores de tomate en esta campaña debido a la meteorología y a los "precios ruinosos" que impuso el sector industrial.

Una campaña del tomate que ya está prácticamente finalizada con más del 90 por ciento del producto entregado a las industrias, y de la que UPA-UCE realiza un balance de "ruina para los agricultores del sector", con una reducción de producción del 20 por ciento con respecto a lo que se había contratado inicialmente.

Por un lado, esta organización agraria señala que los problemas meteorológicos, como las lluvias tardías en primavera que retrasaron mucho la plantación de tomate, "provocaron que las plantas se desarrollaran más débiles y con más problemas", y a las que las olas de calor de agosto también perjudicaron gravemente la producción.

Por otro lado, UPA-UCE apunta a los "precios ruinosos que impuso el sector industrial", que ni tan siquiera cubren los costes de producción, unido a esta merma de la producción, "van a ocasionar gravísimas pérdidas a los productores de tomate extremeños", según señala la organización en nota de prensa.

Por ello, UPA-UCE Extremadura calcula que la producción media de tomate en Extremadura se situará en torno a las 82 toneladas por hectárea, mientras que de media en esta campaña se habían contratado 93 toneladas por hectárea.

"Se trata de pérdidas millonarias para los productores de tomate, que rondarán los 76 millones de euros debido a la bajada de producción y a los precios ruinosos", destaca el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas.

Por todo ello, Huertas considera que esta situación "generará, sin duda, un grave problema de viabilidad para los productores de la región", ante lo que ha considerado "inaceptable que en un sector estratégico como este los agricultores se enfrenten a pérdidas millonarias mientras las industrias vuelven a ganar mucho dinero en otra campaña más", ha dicho.

Además, esta organización agraria advierte a las industrias de que "esta dinámica de imponer precios ruinosos está amenazando gravemente la continuidad de los productores de tomate extremeños", ya que tendencia hará que "muchos productores se lo piensen al año que viene", señala Huertas.

Finalmente, UPA-UCE recuerda que continúa a la espera de conocer las resoluciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ante el "incumplimiento reiterado de las industrias de precios que no cubren los costes de producción", concluye.