El exalcalde de Usagre, Antonio Luna, y su primera teniente de alcalde, Dolores Esteban, han sido absueltos de las acusaciones de prevaricación administrativa relativas a la concesión de las licencias urbanísticas para construir una macroplanta fotovoltaica, la 'Núñez de Balboa', publicitada como "la más grande de Europa".
El tribunal absuelve asimismo a Andreas Hinkelmann, el administrador de la empresa Ecoenergías del Guadiana, que fue la encargada de pedir los permisos para desarrollar el megaproyecto si bien posteriormente traspasó esos permisos a Iberdrola.
Y también quedan libres de culpa las entidades consideradas responsables civiles subsidiarias: las sociedades Proyecto Núñez de Balboa y Ecoenergías del Guadiana, y el ayuntamiento de Usagre.
En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en sentencia, obligaba a Iberdrola a desmantelar la planta y devolver gran parte del total de 1.000 hectáreas ocupadas a su dueño. Por ahora, sin embargo, la gran fotovoltaica sigue funcionando.
Se ajustó a la legalidad
La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz recoge que "no se han dictado resoluciones administrativas que se aparten groseramente de la legalidad con el designio de imponer la voluntad de los regidores municipales encausados de forma arbitraria, es decir, a sabiendas de su ilicitud, incurriendo en desviación de poder penalmente censurable".
Especifica que "la licencia de obras concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Usagre a la Promotora del expediente siguió los trámites esenciales del procedimiento y se ajustó a la legalidad administrativa aplicable"", y añade que "tampoco se observa desviación de poder penalmente relevante, habida cuenta de que no se ha demostrado un trato de favor hacia los promotores del expediente, ni un interés personal de los ediles acusados hacia el proyecto que no sea el comprensible designio de favorecer los intereses generales de la población".
Por todo ello, concluye, "no existe una palmaria ilegalidad de la licencia otorgada, ni conocimiento, por parte de los acusados, del carácter presuntamente injusto de la resolución, ni voluntad torticera de quebrantar el principio de legalidad urbanística".
