Cientos de familias de varios municipios extremeños se enfrentan a una situación complicada. Están pendientes de que se les adjudiquen las viviendas sociales que habían solicitado, pero el proceso se está demorando. La Comisión Regional de Vivienda ha obligado a iniciarlo de nuevo, a causa de una modificación en la normativa estatal que afecta a la baremación de los solicitantes. Este escenario se está dando en poblaciones como Plasencia, Villafranca de los Barros o Talayuela.
En esas baremaciones, hasta este momento el IPREM, el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, se computaba a 14 meses, de modo que se establecía un limite de 18.000 euros de ingresos anuales. Ahora el cómputo se realiza a doce meses, de modo que el tope de renta se reduce a 14.000 euros.
En muchas de esas localidades las viviendas ya estaban adjudicadas antes de que se aplicasen esos cambios y, por lo tanto, en ellas hay que repetir otra vez todo el procedimiento. Ello implica volver a presentar las solicitudes y hacer de nuevo la baremación desde el principio. La resultante es un retraso en toda la tramitación.
El caso de Villafranca
En Villafranca de los Barros hay 31 viviendas en ese punto. Entre los solicitantes está María Teresa Soto, vecina de esa localidad pacense. Pide respuestas, ya que están -nos cuenta- sumidos en la incertidumbre y el nerviosismo. Asegura que son unos 200 los afectados. Subraya que les cuesta llegar a fin de mes y que esas viviendas les hacen mucha falta, ya que tienen que afrontar alquileres muy altos para ellos. Por eso pide a las administraciones implicadas que se pongan de acuerdo y las adjudiquen lo antes posible.
El alcalde, Francisco Jiménez Araya, no entiende el nuevo criterio que se está aplicando y que -lamenta- les descoloca. Se hace eco de la indignación entre quienes han solicitado una de esas viviendas por las dilaciones en el proceso. Y recuerda que dichos inmuebles llevan más de un año construidos, sin que de momento hayan podido ser habitados.
Más alquiler social
Juan Viera, de Campamento Dignidad, pide que se lancen promociones más amplias, para satisfacer la ingente demanda, y reclama más viviendas en alquiler social. Explicaba también la casuística de Talayuela, donde el Ayuntamiento no adjudica las viviendas para evitar conflictos entre solicitantes españoles y marroquíes.
La Junta niega que se hayan producido cambios en su normativa; sí los ha habido, puntualiza, en la baremación estatal. La secretaria general de Vivienda ha indicado, a preguntas de Canal Extremadura Radio, que la Administración autonómica ha solicitado que algunos municipios repitan la baremación. Lidia López Paniagua se pregunta por qué el procedimiento no se venia desarrollando hasta ahora con los cambios que acaban de empezar a aplicarse.
