La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha firmado este lunes en Villar del Rey el nuevo Pacto por la Actividad Cinegética, impulsado por la Federación Extremeña de Caza, un acuerdo que, según ha destacado, da continuidad al firmado en 2023. “Un pacto que hemos ejecutado en un 70 u 80% y que ahora renovamos para seguir desarrollando y protegiendo la actividad cinegética en nuestra región”, ha señalado.

Medidas impulsadas en los últimos dos años

Guardiola ha defendido que el PP ha demostrado durante estos dos años y cinco meses “un compromiso firme y real”, traducido, ha asegurado, medidas concretas:

• Licencia gratuita de caza

• Licencia telemática

• Ofertas públicas de caza orientadas a aumentar la participación de mujeres y jóvenes

“Nuestro compromiso es firme y real, traducido en hechos”, ha insistido la dirigente popular.

El peso económico y social de la caza en Extremadura

La presidenta del PP extremeño ha reivindicado el impacto económico de la caza en la región. “En Extremadura se caza en el 82% del territorio. La actividad genera 400 millones de euros y cerca de 90.000 jornales por temporada”, ha recordado.

Pero ha subrayado también su valor social y cultural: “No solo hablamos de riqueza y empleo: hablamos de tradición, cultura, turismo, lucha contra la despoblación… En definitiva, hablamos de futuro”.

Compromisos recogidos en el programa electoral

Guardiola ha adelantado algunas de las líneas estratégicas que el PP plantea para los próximos años en materia cinegética, de cara a las elecciones del 21 de diciembre, entre ellas:

• Creación de una brigada antifurtivismo

• Implantación de un precinto digital de caza

• Desarrollo de un Centro Internacional de la Cabra Montés en la Sierra de Gredos.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado una reforma profunda del sistema de atención social en la región tras reunirse con el Grupo de Acción Local y Sindical, plataforma que aglutina a 17 colectivos que trabajan en el ámbito de los derechos sociales.

De Miguel ha alertado de la situación demográfica extremeña: “Más del 30% de la población son personas mayores de 65 años y casi un 10% tienen alguna discapacidad. Casi el 50% de los extremeños necesita cuidados”, ha subrayado, insistiendo en que estos cuidados “no pueden recaer sobre las espaldas de trabajadoras precarizadas, con contratos temporales y mal pagados”.

Críticas al estado de residencias y centros de discapacidad

La dirigente ha denunciado que el sistema de atención a mayores y personas con discapacidad en la región es “deplorable”, tanto en lo que respecta a las condiciones laborales del personal como a la calidad del servicio. 

También ha puesto el foco en la “precarización absoluta” de los pisos tutelados, afirmando que en muchos casos “no hay calidad para los usuarios ni condiciones laborales dignas”.

Compromiso de crear una Consejería de Derechos Sociales

De Miguel ha adelantado que, si Unidas por Extremadura entra en el Gobierno autonómico, tras las elecciones del 21 de diciembre, propondrá la creación de una Consejería de Derechos Sociales: “No puede ser que estos derechos estén siempre supeditados a la agenda sanitaria y no se les preste la atención necesaria”.

Promesa de un convenio marco y mejora de ratios

La portavoz se ha comprometido a impulsar un convenio marco que garantice:

• Ratios adecuados entre profesionales y usuarios.

• Que nunca haya trabajadores solos en pisos tutelados, centros de menores o centros de discapacidad.

• Condiciones laborales y de seguridad dignas.

• Salarios acordes con la importancia del trabajo que desempeñan.

El Gobierno está preparando un plan específico para proteger la comarca de Almaraz ante el futuro cierre de la central nuclear, previsto para 2027 y 2028 si no hay prórroga, o para 2030 en caso de que el Ministerio autorice la ampliación de funcionamiento solicitada por Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Esta planificación formará parte de la Estrategia de Transición Justa 2026-2030, cuya consulta pública se abrirá en breve para recoger aportaciones de ciudadanía, empresas, colectivos sociales y administraciones. El objetivo es minimizar los efectos socioeconómicos cuando la central deje de estar operativa y ofrecer alternativas laborales y de desarrollo ligadas a la transición ecológica. 

Prórroga pendiente

La plataforma ciudadana “Sí a Almaraz” insiste en que mantener la central es la mejor forma de proteger el empleo y la actividad económica de la zona, y reclama al Gobierno que atienda la solicitud de las eléctricas. Su presidente, Fernando Sánchez, explica que "la mejor protección económica para la región es el mantenimiento de la central, que es primera industria de Extremadura".

Antes de que el Ministerio de Transición Ecológica tome una decisión, deberá pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear.