La Junta de Extremadura va a convocar antes de fin de año un total de 1.644 plazas de funcionarios y personal laboral de la administración general, y los exámenes de estas oposiciones se celebrarán en el primer semestre de 2026.

Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que ha explicado que se acumularán las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023, lo que supondrá la convocatoria de una de las mayores ofertas de empleo público de la Administración extremeña.

"Para nosotros los empleados públicos son el principal activo de nuestra Administración", ha señalado Manzano, al tiempo que ha añadido que "trabajar en la Administración y trabajar para nuestra tierra siempre es una salida profesional muy provechosa para los extremeños", por lo que se espera un "aluvión" de opositores para estas plazas que serán las que se han ido aprobando cada año en la Mesa General de Negociación.

Para que todo el proceso transcurra sin incidentes se está robotizando los sistemas para que "sean mucho más rápidos que en convocatorias anteriores", ha dicho Manzano en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres antes de participar en los actos de la Policía Nacional, con motivo de los Ángeles Custodio.

"Estamos casi en proceso de finalizar el proceso de estabilización, una primera parte ya está culminada y ahora quedan unas cuantas plazas que no han sido adjudicadas y tenemos que volver a realizar esos llamamientos", ha recordado.

Ese proceso ha sido "titánico", ha espetado Manzano, ya que, según ha dicho cuando el PP llegó al Gobierno regional había una Dirección General de Función Pública "sin prácticamente recursos" y "ha habido que movilizar a muchos tribunales que han trabajado mañana, tarde y noche para lograr esa estabilización de todas esas personas", ha subrayado la portavoz.

Manzano confía en que con estas oposiciones "todo sea un proceso mucho más rápido porque contemos, por fin, con los medios digitales que nos permitan ser más ágiles".

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, una de ellas en la localidad pacense de Olivenza, a los que se les atribuyen dos asesinatos perpetrados en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo) en el año 2023. En el registro practicado los agentes han intervenido un arma corta de fuego ilegal, municionada y dispuesta para su uso inmediato.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2023, cuando se hallaron los cuerpos sin vida, en el interior de un vehículo, de dos personas que habían sido tiroteadas y que no habían tenido posibilidad de defensa, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Fruto de las investigaciones realizadas, los agentes han procedido a la detención de dos de los presuntos autores de los asesinatos, en la localidad de Mejorada del Campo (Madrid), y de un tercero en la localidad de Cebolla (Toledo), todos miembros de la misma familia. Posteriormente, se ha detenido en Olivenza a un cuarto implicado. En el momento de las detenciones, dos de los implicados que se encontraban en la localidad de Mejorada del Campo (Madrid), ya que estaban desmontando atracciones de la feria. Cabe destacar la complejidad de la investigación ya que los autores se desplazaban constantemente por diversas provincias y localidades españolas, por tratarse de profesionales del mundo de la feria.

La investigación ha sido realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo (Área de delitos contra las Personas) y ha contado con el apoyo del Equipo de Policía Judicial de Talavera de la Reina (Toledo) y Badajoz y de personal de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y Badajoz. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 6 de Illescas (Toledo). Los detenidos han sido puestos a disposición judicial quien ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza.

Todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer que se produzcan a partir de este viernes serán asumidos por los Juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer, que hasta ahora solo entendían de la que se conoce como violencia de género, la que ejercen los hombres contra sus parejas o exparejas.

Así lo marca la entrada en vigor desde mañana del precepto contenido en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la Unión Europea en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer. De este modo, a partir de mañana se produce oficialmente el traspaso de competencias.

Ahora bien, fuentes del Ministerio de Justicia han especificado a Europa Press que los juzgados de Violencia sobre la Mujer solo verán los delitos sexuales cometidos a partir de este viernes, mientras que los asuntos que ya se estén juzgando seguirán en los juzgados correspondientes.

El objetivo de esta modificación de competencias, según defiende el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes es "garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, ya que todos los delitos con un componente de género evidente serán investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización". "Así, se logrará una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género" recalca el departamento que dirige Félix Bolaños. Para atender a esta carga de trabajo (del 12,9% de media según el Consejo General del Poder Judicial), el Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento de la plantilla de jueces de violencia del 42%.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado en declaraciones a Europa Press que, hasta que se haya completado la incorporación de los 50 jueces, el Ministerio dotará a los juzgados de los refuerzos temporales "necesarios". Hasta ahora, ha autorizado 15 medidas (jueces sustitutos o en comisión de servicio) que reforzarán a 25 juzgados. Por otro lado, el Ministerio ha solicitado este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que convoque un nuevo pleno del Observatorio de Violencia doméstica y de género, que no se reúne desde el mes de febrero, para monitorizar la asunción de nuevas competencias en los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer.

Según han señalado, el objetivo es que, desde el Observatorio, se haga un seguimiento de este cambio para profundizar en la "colaboración necesaria" de los integrantes de este órgano, principalmente el Ministerio y el CGPJ, con dichos juzgados y secciones.

En la carta enviada por el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, a la presidenta del Observatorio, Esther Erice, recuerda que, para que puedan asumir el "paulatino incremento" de carga de trabajo (del 12,9% de media según el CGPJ), el Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento de la plantilla de jueces de violencia del 42%.

Además, con la aprobación de la futura Ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, las mismas fuentes han añadido que se podría llegar al 47% en los próximos meses.

Tres personas han perdido la vida en Extremadura por causas relacionadas con las elevadas temperaturas entre junio y septiembre, según el Ministerio de Sanidad. En el conjunto del país se han registrado 25 fallecimientos por golpe de calor en el periodo entre los pasados días 16 de mayo y 30 de septiembre de este año en España, de los que tres se contabilizaron en Extremadura.

El departamento ministerial ha publicado el informe final de la campaña 2025 del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud, que confirma 25 fallecimientos por golpe de calor durante el periodo citado y apunta que hay uno pendiente de confirmación por la comunidad autónoma de Cataluña, frente a los 17 que tuvieron lugar en 2024. Además de en Extremadura, las muertes se produjeron en Andalucía (10), Aragón (5), Comunidad Valenciana (5), Islas Baleares (1) y Cataluña (1).

En la mayoría de los casos, las personas afectadas presentaban factores de riesgo, como enfermedades crónicas o uso de medicación sensible al calor, condiciones de exposición laboral o de ocio, y situaciones sociales vulnerables, como vivir solas o en viviendas sin climatización.

El perfil de los casos incluye tanto a personas mayores con enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, como a personas más jóvenes expuestas al calor en entornos laborales o actividades recreativas. Además, el Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de que se han producido 3.832 muertes atribuibles al calor en España en el mismo periodo de tiempo, lo que supone un aumento del 87,6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

Del citado informe final de la campaña 2025 del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud se desprende que este verano ha habido 870 episodios de calor extremo, un 73 por ciento más en comparación con 2024. El total de niveles de riesgo activados --niveles 1, 2 o 3-- fue de 5.178, lo que supone un 20,6 por ciento de los días del verano con al menos una zona meteosalud en situación de riesgo térmico, mientras que el 79,38 por ciento correspondieron a situaciones sin riesgo (nivel 0).

Sobre los fallecimientos relacionados con las altas temperaturas, Sanidad ha detallado que el 95,98 por ciento eran personas mayores de 65 años y más de la mitad (65,29%) mayores de 85 años. El 59 por ciento de las personas fallecidas eran mujeres (2.276 casos) y el 40,61 por ciento, hombres (1.556). Además, ha precisado que el mes de agosto fue el más letal, al concentrar 2.184 muertes, seguido de julio, con 1.060 fallecidos, junio (407), septiembre (173) y la segunda quincena de mayo, cuando se contabilizaron ocho defunciones.

Desde Sanidad, han puntualizado que, aunque estas estimaciones reflejan el "fuerte impacto" del calor en la salud de la población, no son diagnósticos clínicos individuales, sino un exceso de mortalidad calculado a partir de modelos estadísticos, por lo que los valores aún podrían ser revisados en próximos documentos oficiales. El Ministerio ha destacado que durante esta campaña se han consolidado mejoras técnicas ya incorporadas en los últimos años, como la redefinición de umbrales térmicos de impacto sanitario, el ajuste del algoritmo de alerta temprana, y la clasificación del territorio en zonas de meteosalud para una respuesta más precisa.

Además, ha señalado que el servicio gratuito de alertas térmicas se ha mantenido activo hasta el 30 de septiembre. A través de este sistema se han remitido 101.685 mensajes SMS y 37.631 notificaciones por correo electrónico a las personas suscritas, ofreciendo información diaria y personalizada sobre el nivel de riesgo térmico en su zona geográfica.