El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado en su Pleno de este martes admitir a trámite los recursos presentados por los gobiernos de Extremadura, Aragón y Cantabria contra el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, tal y como ya hizo con la impugnación formulada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, según ha informado el propio TC.

Los recursos se dirigen contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Los gobiernos autonómicos alegan que dicho decreto no solo vulnera los preceptos constitucionales sobre cómo debe legislarse cuando se trata de derechos fundamentales, sino el régimen de distribución de competencias entre el Estado y autonomías y los principios de autonomía y solidaridad.

El pasado 29 de abril, la corte de garantías ya admitió a trámite el recurso presentado por Madrid contra este mismo decreto. Según explicó entonces el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, para el PP es un reparto "discrecional" acordado con Junts "con el único propósito de conseguir esos siete votos que necesita Pedro Sánchez para quedarse en La Moncloa".

El informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que el real decreto es inconstitucional por "invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional", ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.

Aduce también que es "contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones" porque el criterio de reparto "se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas"; y al principio de autonomía financiera, "ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados".

Con todo, para el PP el real decreto "carece de justificación" porque desplaza a los menores migrantes no acompañados "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia".

Ante el inicio de la temporada de alto riesgo de incendios forestales, la Junta de Extremadura ha difundido un conjunto de recomendaciones dirigidas a la población con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse alejado de las zonas donde operan medios aéreos o terrestres, ya que la presencia de personas no autorizadas puede poner en peligro tanto su vida como la de los profesionales que trabajan en la extinción del fuego. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que debe seguir siempre las instrucciones de las autoridades competentes, quienes cuentan con la información y experiencia necesarias para actuar con eficacia.

No obstaculizar caminos, permitir el acceso a las zonas y facilitar la recarga de agua 

La colaboración ciudadana es clave: no obstaculizar caminos, permitir el acceso a las zonas de trabajo y facilitar la recarga de agua son acciones fundamentales. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la prohibición del uso de drones, ya que su presencia interfiere con las operaciones aéreas y puede provocar accidentes graves. También se desaconseja tomar imágenes en la zona del incendio, ya que puede distraer y hacer perder la percepción de otros peligros.

En caso de encontrarse cerca de una descarga de agua desde un medio aéreo, se recomienda alejarse de forma ordenada y tranquila, ya que la fuerza del viento generada por estas aeronaves puede proyectar objetos peligrosos a gran distancia.

Informa por fuentes oficial y no difundir rumores

La Junta también hace un llamamiento a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada, que pueden generar confusión y poner en riesgo la seguridad. Finalmente, se recuerda que los equipos de emergencia están capacitados y coordinados para actuar de forma segura y eficiente, por lo que se pide a la población que confíe en su labor y evite actuar por cuenta propia.

Estas recomendaciones forman parte de la campaña de concienciación impulsada por el Plan INFOEX y la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Han sido meses de negociación con la Comisión Europea, y hoy la Consejería de Agricultura ha dado un primer paso: ha aprobado el decreto que regula las ayudas para paliar los efectos de la lengua azul, que causó graves daños en la cabaña ovina de la región.

Uno de los principales requisitos es que se acredite al menos la pérdida del 30 por ciento de los animales, según ha explicado la consejera de Agricultura, Mercedes Morán.

"Las ayudas oscilarán entre los 3.000 y los 20.000 euros"

Y ese mismo porcentaje es el que se ha marcado también para los cereceros, que perdieron la cosecha por las fuertes lluvias de los últimos meses. Como máximo recibirán 12.000 euros.

En total van a ser 28 millones de euros entre las dos ayudas y se podrán pedir al día siguiente de su publicación en el DOE.

Más allá del debate sobre desde cuándo Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, tiene la condición de aforado, la cuestión clave es si podría renunciar a ese aforamiento. Los expertos consultados coinciden en que no es posible.

Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, lo explica con claridad: “Individualmente no es posible renunciar al aforamiento, porque no pertenece al diputado. Lo que protege es la función parlamentaria, el mandato representativo otorgado por la ciudadanía”.

El aforamiento es una figura jurídica que nació históricamente para proteger a los servidores públicos y garantizarles un proceso judicial con mayores garantías, asegura Moreno: “Lo que se pretende es proteger al representante público frente a posibles influencias sobre los jueces de instrucción, que están más cerca de la ciudadanía y, por tanto, podrían ser más influenciables. Por eso, los aforados son juzgados por tribunales superiores, en teoría más cualificados”.

Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan la expansión de esta figura en España. La más reciente, la del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, quien ha advertido que en el país hay más autoridades aforadas de las necesarias. Según él, esta situación “desprende el aroma de privilegio” y por ello se muestra partidario de reducir drásticamente el número de personas con esta condición.