La Agencia Tributaria está reclamando las deducciones de hasta 1.000 euros por gasto de guardería o centros infantiles que se aprobaron en 2018. De esa deducción adicional se podían beneficiar las madres trabajadoras por cada hijo menor de tres años que justificasen gastos en guarderías o centros de educación infantil "autorizados por la comunidad autónoma".
Ya entonces, en 2018, Elena Manzano, profesora de Derecho Financiero y Tributario y presidenta de la asociación de personas afectadas por la deducción de gastos en el IRPF, denunció ese matiz, el de autorizados por la comunidad autónoma, puesto que "excluía a gran parte de las contribuyentes de la región y del país". En un principio la ley contemplaba cualquier centro y después, en un reglamento, se introdujo ese detalle: "autorizados por la comunidad autónoma".
En una entrevista en Extremadura Noticias ha reiterado que "siguen quedando fuera de esas deducciones la mayoría de las guarderías públicas y privadas de Extremadura, y la gran mayoría de las contribuyentes no se pueden aplicar ese beneficio fiscal al que tienen derecho".
Además, reconoce que el hecho de que ahora se reclamen esas deducciones ha generado malestar entre las madres. "Es injusto. Esas deducciones se aprobaron para la conciliación de las mujeres, no para la educación".
"Las contribuyentes tienen derecho a ese beneficio fiscal. Es injusto que solo sea para los centros autorizados"
Desde su plataforma asesoran de forma gratuita a las mujeres que se encuentren en esa situación. Según la asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (ACEIGEX), tan solo "un 8-10 por ciento de los centros de la región cuentan con la autorización de la Junta de Extremadura". Su presidente, Juan Ruiz, recalca que "ese permiso no aporta ningún valor a los centros educativos y son muchos los requisitos exigidos. No sabemos a qué se debe ahora este desconcierto".
La Agencia Tributaria, por su parte, asegura que disponen de un plazo de cuatro años para comprobar esas deducciones y en estos momentos están analizando los ejercicios fiscales de 2018 y 2019. Juan Francisco Muñoz, de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura, explica que "en un gran porcentaje, los casos que hemos regularizado han sido porque los centros no están autorizados de forma oficial por la Junta" y se "limitan a cumplir la ley".
Para evitar sustos en el futuro, los expertos recomiendan no solicitar la deducción a priori y asesorarse bien de cómo recibir esos beneficios fiscales.
